La Asociación de Ciencias Ambientales explica que el "fin principal" de su estudio ha sido "realizar un diagnóstico de la información" que están suministrando las administraciones autonómicas "ante el nuevo marco normativo impulsado por el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios" (RD 235). El estudio de la asociación, que aparece apenas ocho meses después de la implantación de esa normativa, valora, en concreto, "la información que ofrecen [las comunidades autónomas] sobre el procedimiento de certificación energética de edificios, los trámites que han de realizarse y la disponibilidad de información sobre los certificados emitidos, entre otras cuestiones". El estudio, además, incluye una completa relación con todos los teléfonos, correos eléctrónicos y direcciones de red de todas las comunidades autónomas a los que puede apelar el ciudadano que quiera resolver sus dudas.
También Castilla y León y Euskadi
El documento elaborado por ACA -de nombre tan largo como explícito: "Estudio que analiza la información ofrecida sobre el certificado energético de edificios por parte de las Comunidades Autónomas"- evalúa en fin la información que la administración dispensa a la ciudadanía a través de las redes, la que ofrece vía telefónica y la que suministra por escrito. Pues bien, según el estudio, de 67 páginas, las administraciones autonómicas que mejor comunican son Navarra, Castilla y León y País Vasco. Navarra, además, es la única comunidad autónoma que posee puntuaciones altas en los tres análisis realizados, mientras que las otras dos autonomías bajan sensiblemente su puntuación en la respuesta escrita. En el otro extremo del escalafón se encuentran Aragón, Murcia, Canarias y Cantabria.
No es solo un trámite más
Una de las conclusiones del estudio es que las administraciones deben evitar a toda costa que la ciudadanía considere la certificación energética como un impuesto o un trámite más a desarrollar en los procesos de compra-venta o arrendamiento. Antes al contrario, ACA propone a las autoridades competentes que le transmitan al ciudadano la idea de que este certificado "se ha implantado con el objeto de ofrecerle información adicional sobre el comportamiento energético de la vivienda que va a adquirir o alquilar", información muy valiosa que mejora el proceso de toma de decisiones del comprador o arrendador. En ese sentido, la asociación ve además "necesario que las autoridades autonómicas coordinen acciones conjuntas para armonizar los datos".
Los déficits
El informe de ACA denuncia que "no todas las comunidades autónomas han hecho públicos sus registros de los certificados emitidos en su ámbito territorial a través de herramientas como la página web, reduciendo así el derecho de información y de comprobación por parte del ciudadano para la toma de decisiones en los procesos de compra-venta y alquiler". La asociación también denuncia "un déficit de información respecto a la inspección y vigilancia y las sanciones por incumplimiento de la normativa" en prácticamente todas las autonomías. Y, por fin, también señala que ha apreciado deficiencias en cuanto a las explicaciones tanto sobre la etiqueta de eficiencia energética como del certificado, documentos ambos clave para el ciudadano, pues se va a tener que enfrentar a los dos.
Las tres conclusiones primeras que presenta el Estudio son estas
"Del análisis realizado a partir de tres de las vías por las que una persona física o jurídica suele solicitar información, se deduce que la información que ofrecen las administraciones autonómicas sobre todo lo que rodea a la certificación energética de edificios es, según los criterios de análisis utilizados, insuficiente. En los mejores casos, se alcanza una cobertura ligeramente superior al 50% de la información analizada.
De los tres tipos de análisis realizados, la consulta telefónica es la que obtiene mayor porcentaje de respuesta, alrededor del 56% de media. Por el contrario, la consulta escrita es la que peor porcentaje y cobertura tiene por parte de las comunidades autónomas, aunque, no obstante, influya el hecho de que varias de ellas no respondieran a la petición y, por tanto, la media se haya visto influida por esta cuestión.
Si bien existe un importante margen de mejora en la información ofrecida, se considera que gran parte de las soluciones no supondrían un gran esfuerzo económico, ni de recursos humanos, sino simplemente la puesta a disposición de la información con la que cuentan los órganos competentes, pero que o bien no ha sido ofrecida al ciudadano o bien no se ha hecho de forma fácilmente accesible".
