El gasto máximo previsto para el periodo 2017-2026 es de 1,55 millones de euros, de los que 400.000 euros se destinarán al cambio de la instalación (biomasa forestal certificada, en la que se valorará que proceda de bosques cercanos) y 115.000 euros anuales para la compra de biomasa, mantenimiento y gestión. Según los cálculos del Gobierno de Navarra, "el ahorro mínimo estimado es del 4%, esto es, de 10.000 euros anuales, lo que supondría 100.000 euros en los 10 años de vigencia del contrato; en caso de no alcanzar los valores previstos, la adjudicataria abonará la diferencia al Gobierno; y si el ahorro es superior, se beneficiarán ambas partes".
Primer contrato
Este es -informa el Gobierno de Navarra- el primer contrato de estas características (empresas de servicios energéticos con garantía de ahorro) que se va a licitar en la comunidad "y permitirá establecer el procedimiento y los modelos de pliegos y contratos para replicar esta modalidad en el futuro". Según el Ejecutivo fora, "este sistema está ampliamente extendido en los Estados Unidos y en algunos países de Europa y tiene un alto potencial para generar ahorros energéticos en edificios". Sin embargo -matizan desde el el Departamento de Desarrollo Económico de Navarra-, supone una novedad "en las administraciones en general y en particular en la navarra".
Contratacion paulatina
Así las cosas, y habida cuenta además de "la complejidad de la contratación", resulta "recomendable" -según el Gobierno de Navarra- ejecutar una contratación paulatina de este tipo de servicios. Así, el año pasado, el Gobierno inició los trámites para las primeras licitaciones, pero los expedientes fueron paralizados por una priorización del gasto y ante la necesidad de renovar de forma urgente la caldera de El Vergel. Esta licitación se enmarca en el Programa de gestión energética e impulso de los servicios energéticos en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por el Gobierno en febrero de 2015, en línea con dos directivas europeas sobre la función ejemplarizante de los edificios públicos en la política de eficiencia energética (Directiva 2012/27/UE) y sobre el consumo de energía casi nulo (Directiva 2010/31/UE).
