Todos los edificios nuevos deberán ser climáticamente neutros a partir de 2030, mientras que los edificios nuevos ocupados por las autoridades públicas o que sean de su propiedad deberán alcanzar este objetivo ya en 2028. Además, los Estados miembros podrán tener en cuenta el potencial de calentamiento global (PCG) a lo largo del ciclo de vida del edificio, que incluye la producción y eliminación de los productos utilizados para construirlo. En el caso de los edificios residenciales, los países de la UE tendrán que adoptar medidas que garanticen una reducción en el promedio de energía primaria utilizada de al menos un 16 % para 2030 y al menos entre un 20 y un 22 % para 2035. Y si fuera técnica y económicamente adecuado, los Estados miembros tendrán que implementar instalaciones solares de forma paulatina en edificios públicos y no residenciales, dependiendo de su tamaño, y en todos los edificios residenciales nuevos de aquí a 2030. Así lo establece la revisión propuesta de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, respaldada este martes por la Eurocámara y ya acordada por el Consejo, que busca reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de la construcción.
La normativa también establece que los Estados miembros deben adoptar medidas para descarbonizar los sistemas de calefacción y eliminar gradualmente los combustibles fósiles en la calefacción y la refrigeración con miras a eliminar por completo las calderas de combustibles fósiles para 2040. A partir de 2025 se prohibirá subvencionar las calderas independientes de combustibles fósiles. Los incentivos financieros seguirán siendo aceptables para los sistemas híbridos de calefacción que utilicen una cuota significativa de renovables, como los que combinan una caldera con una bomba de calor o una instalación solar térmica. Por su parte, los edificios agrícolas y los que formen parte del patrimonio cultural e histórico pueden excluirse de esta nueva normativa. Los países de la UE podrán decidir no establecer o no aplicar sus requisitos a los edificios protegidos en razón de su valor arquitectónico o histórico especial, a las construcciones provisionales y a los edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas.
Según la Comisión Europea, los edificios de la UE son responsables del 40 % de nuestro consumo de energía y del 36 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. La revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, presentada por la Comisión el 15 de diciembre de 2021, es parte del paquete denominado «Objetivo 55». La Ley europea sobre el clima de julio de 2021 consagró los objetivos para 2030 y 2050 en un instrumento jurídico vinculante. La legislación sobre la eficiencia energética de los edificios está en línea con las propuestas de la Conferencia sobre el Futuro de Europa de mejorar la independencia energética y la sostenibilidad de la UE. La iniciativa responde a propuestas de la Conferencia sobre la mejora del papel de los municipios en la planificación urbana para apoyar la infraestructura azul-verde, la reducción de la dependencia de las importaciones de petróleo y gas a través de proyectos de eficiencia energética, y el apoyo activo a proyectos de eficiencia energética para lograr una mayor autonomía en el ámbito de la producción y el suministro de energía.
