El documento, que no es oficial y que debe ser analizado por la Comisión para presentar un acto delegado, especifica que, de ese 50%, al menos un 15% deben ser componentes reutilizados, otro 15% contenidos reciclados y el 20% restante podrá ser reutilizado, reciclado o de fuentes responsables o materiales renovables.
“El sector de la construcción, basado en el modelo dominante de la economía lineal, requiere de una profunda transformación hacia un modelo circular que permita alcanzar los objetivos de descarbonización a 2050”, argumenta Dolores Huerta, directora general de Green Building Council España (GBCe). En este sentido, Huerta ha afirmado que —tal y como se recoge en la hoja de ruta del proyecto Building Life— “la economía circular se puede convertir en el detonante de la transformación del sector hacia un nuevo sistema técnico basado en la gestión sostenible del territorio”.
La Comisión Europea baraja también, a petición de la Platform on Sustainable Finance, llevar a cabo el análisis de ciclo de vida del edificio o de las obras de rehabilitación con resultados públicos, usar técnicas y diseños adaptables, flexibles y desmontables que apoyen la circularidad y conservar al menos un 50% del edificio original en las rehabilitaciones. Así mismo, este grupo de expertos contempla que al menos el 90% de los residuos no peligrosos generados en las obras —excluyendo tierras— se preparen para reutilizarse o reciclarse, que se usen herramientas electrónicas para describir y almacenar en un formato digital las características del edificio y que sus componentes y materiales no contengan amianto ni otras sustancias peligrosas.
Revolución en el sector
“Los cambios normativos relacionados con la economía circular están llamados a provocar una auténtica revolución en el sector de la edificación”, asegura Alfons Ventura, experto de GBCe en el proyecto VALREC —que busca potenciar la economía circular en los residuos de construcción y demolición—.
El Congreso acaba de aprobar la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, clave para impulsar la economía circular en España. En su artículo 30, esta norma contempla que las sustancias peligrosas —en particular el amianto— se retiren en las obras de demolición “prohibiendo su mezcla con otros residuos”.
Además, desde julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, madera, fracciones de minerales, metales, vidrio, plástico y yeso. En este sentido, la demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva —y con carácter obligatorio a partir del 1 de enero de 2024— garantizando la retirada de, al menos, estos materiales.
La norma recoge, además, en su artículo 8, una jerarquía de residuos que tiene por objeto conseguir el mejor resultado medioambiental global, partiendo de la prevención: “La ley exige justificar todo aquello que se aparte de esta jerarquía, por lo que va a ser mucho más difícil no cumplirla”, explica el coordinador del proyecto VALREC.
Paquete ecodiseño
La norma también contempla medidas para fomentar el diseño, la fabricación y el uso de productos que sean eficientes, duraderos, fiables, reparables, reutilizables y actualizables. En este sentido, la Comisión Europea presentó —también la pasada semana— otro amplio paquete legislativo para fomentar la economía circular y alargar la vida útil de los productos. Este conjunto de iniciativas se estructura en tres grandes bloques, entre los que se encuentran los productos de la construcción.
“El sector de la edificación es responsable en España del 30,1% del consumo de energía final y el 25,1% de las emisiones de carbono a la atmósfera”, especifica Borja Izaola, experto de GBCe y coordinador del proyecto LIFE Levels. Tal y como se recoge en la hoja de ruta de Building Life, el 8,2% de esas emisiones están directamente asociadas al consumo de combustible en el sector residencial, comercial e institucional.
En este contexto, Bruselas ha identificado un gran potencial en la edificación para avanzar en la sostenibilidad, para lo que prevé modernizar el Reglamento de Productos de Construcción —vigente desde 2011— para generalizar materiales más duraderos, reparables, reciclables y fáciles de volver a fabricar.
