La crisis del coronavirus tiene unos impactos socio-económicos que agravan la pobreza energética principalmente debido a dos factores: la reducción de la renta, por la pérdida total o parcial de ingresos de muchos hogares, y el aumento del consumo energético doméstico, por la situación de confinamiento de la población. Estos dos fenómenos, agravados por la baja eficiencia energética de las viviendas y el poco conocimiento de la facturación energética, han provocado un aumento de las situaciones de vulnerabilidad.
En este contexto, el Gobierno de España ha tomado una serie de medidas extraordinarias para, por un lado, garantizar el suministro y la asequibilidad de los servicios energéticos a todos los ciudadanos y, por el otro, apoyar a autónomos y pymes. Asimismo, la mayoría de los países europeos afectados por la pandemia han adoptado medidas de protección de los consumidores, prohibiendo los cortes de suministros, aplazando el pago de facturas y/o ampliando los bonos sociales.
Desde hace dos años, la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas sirve de punto de encuentro para facilitar el contacto entre las entidades y personas implicadas, y proponer, a través de una investigación interdisciplinar, soluciones para luchar contra la pobreza vinculada a la energía. En este marco, como parte de su actividad, la Cátedra colabora con la red europea Engager COST, que recientemente ha hecho un llamamiento a la acción para luchar contra la pobreza energética en esta crisis de la COVID-19.
En esta “Call for action”, se pide un pacto de solidaridad para establecer el derecho a la energía para todos los hogares europeos como herramienta para fundamentar la acción del conjunto de la sociedad contra este tipo de situaciones.
Esta crisis tan dura desde tantos puntos de vista nos deja por delante unos retos en los que todo el mundo puede colaborar. A corto plazo habrá por los menos que: (1) considerar un ingreso mínimo para los hogares vulnerables que cubra también sus necesidades energéticas; (2) revisar los criterios de atención y ayuda a los hogares vulnerables en función de la evolución de la pandemia y la post-pandemia; (3) establecer un mecanismo rápido y sencillo para responder a las situaciones de emergencia causadas por la crisis; (4) colocar el bienestar de las personas y el entorno sanitario en el centro de la respuesta a la crisis.
A largo plazo, la respuesta ha de pasar por la correcta implementación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que habrá de desarrollar al menos los siguientes puntos: (1) mantener a medio plazo algunas de las medidas de emergencia (prohibición de cortes, ampliación de los bonos, etc.); (2) definir y garantizar un suministro mínimo vital universal; (3) fomentar iniciativas de empoderamiento energético de los consumidores; (4) facilitar el dialogo entre administración, empresas comercializadoras y tercer sector; (5) garantizar el derecho a una vivienda digna, adoptando medidas estructurales, para evitar cronificar la pobreza energética y estar preparados para futuras crisis.
La energía es un derecho básico, pocos creo que puedan poner en duda esta afirmación. Siendo este el caso, urge garantizar que este derecho básico se cumpla. Y ese afán nos necesita a todos.
