La herramienta, desarrollada por el EREN (dependiente de la Consejería de Economía de Castilla y León), permite "optimizar los contratos eléctricos (adecuar las potencias y tarifas contratadas y eliminar las penalizaciones por energía reactiva instalando baterías de condensadores); establece indicadores energéticos (que permitan definir las políticas de intervención para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones); agiliza la contratación de compra centralizada de electricidad; y hace el seguimiento de los contratos (detección de fraudes, desajustes y sobreconsumos)".
Plan 2011-2015
Dentro del Plan de Mantenimiento y Eficiencia Energética de Infraestructuras Educativas 2011-2015, impulsado por la Consejería de Educación, una de las líneas de actuación que la Junta de Castilla y León tiene previsto poner en marcha esta legislatura es la optimización de las facturas de energía eléctrica de los centros docentes de titularidad autonómica. Con este fin -informa la Junta-, "se han inventariado los contratos eléctricos de todos los centros educativos a través de la aplicación informática OPTE (Optimización Energética de Edificios de Administación autonómica), cuya gestión permite tener un registro informatizado de los consumos eléctricos". El objetivo es "asegurar un uso eficiente de los recursos y controlar el consumo y el gasto energético, permitiendo priorizar las intervenciones de ahorro y eficiencia energética dentro del conjunto de centros educativos".
El inventario ya está hecho
Según la Junta, ya se han inventariado los puntos de suministro eléctrico de los centros educativos cuya titularidad pertenece a la administración autonómica: "en base a la propuesta realizada -explica-, se ha iniciado un proceso de adecuación de las potencias eléctricas contratadas de forma que los centros adecúen la misma a sus necesidades energéticas y la instalación de baterías de condensadores para anular las penalizaciones por consumo de energía reactiva". En una fase posterior, la Junta tiene previsto promover "actuaciones de ahorro y eficiencia energética en aquellos centros con mayor potencial de ahorro energético (a través del análisis de indicadores energéticos), así como mejorar las condiciones de contratación de energía eléctrica con comercializadoras".
Modificación de la potencia contratada en 141 centros
Hasta la fecha -explica la Junta-, ya se han procedido a modificar las potencias contratadas en 141 de dichos centros, con un ahorro estimado de 235.090 euros al año. Así, la Junta de Castilla y León considera que, al final de este proceso de optimización de potencias, el ahorro económico generado superará los 335.000 euros anuales, aproximadamente el 8% de la facturación total de los centros educativos de la Comunidad. La segunda línea de actuación, que está en plena ejecución en estos momentos, consiste en el proceso de renovación de un total de 329 contratos eléctricos de estos centros educativos dentro del acuerdo marco para la homologación del suministro de electricidad, desarrollado por la Consejería de Hacienda.
Más de cuatro millones de euros
Los expedientes de contratación correspondientes se están gestionando en las direcciones provinciales de Educación. Siguiendo el procedimiento establecido -informa la Junta- se han generado "37 peticiones de ofertas vinculantes en las que se han incluido un total de 329 contratos con un precio total de licitación de 4.078.914,52 euros". Según el gobierno autónomo, la tramitación de los expedientes se encuentra "avanzada", habiéndose ya producido la adjudicación de los suministros en alguna provincia, "y la propuesta de adjudicación, en la práctica totalidad, lo que permite hacer un primera estimación del ahorro que va a propiciarse, que será en torno al 15% del coste estimado, es decir 610.000 euros".
Ahorro energético en el 30 % de los centros
La herramienta OPTE recoge datos -informa la Junta- que permiten elaborar "informes individualizados, referentes a los puntos de suministro eléctrico y los consumos de las instalaciones, y que permiten identificar las posibles mejoras en este tipo de contratos para cada centro: modificación de tarifa de acceso, nueva adecuación de la potencia contratada, reducción de las penalizaciones por energía reactiva, minimización del consumo eléctrico fuera de horario lectivo, etcétera". Además, a través de OPTE se podrá facilitar y agilizar el proceso de renovación de contratos eléctricos de centros educativos dentro del acuerdo marco para la homologación del suministro de energía eléctrica, gestionado por la Consejería de Hacienda. Asimismo -concluye la Junta-, se ha detectado, tras el análisis de consumos de energía e índices energéticos, "un potencial de ahorro energético importante en aproximadamente el 30% de los centros, que deben ser analizados con detalle a través de estudios específicos". Tras este segundo análisis de optimización, la Junta de Castilla espera conseguir un ahorro mínimo del 12% de la facturación, que, unido al 8% anterior, da como resultado la previsión de ahorro indicada del 20%.
