El pasado viernes, 29 de julio, el Consejo de Ministros aprobó del Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 (PAEE 2011-2020) cuyo borrador fue hecho público el 15 de junio por el Ministerio de Industria. Aunque la aprobación de este Plan haya pasado desapercibida por la convocatoria de elecciones generales, la Fundación Renovables (FR) considera que “el ahorro de energía debe ser la principal estrategia de política energética para inculcar en la economía y la sociedad la necesidad de la eficiencia y uso racional de la energía”.
“Lo que no es el caso por la escasa importancia que el Gobierno le ha dado sin ni siquiera presentar este documento que se ha limitado a colgar en la web ayer martes día 2”. Sin embargo, la necesidad de consumir más energía para producir nuestros bienes y servicios perjudica la competitividad de nuestra economía y aumenta los impactos ambientales.
Este nuevo plan se solapa con otros dos planes todavía vigentes, el PAEE 2008-2012 y el plan de 20 medidas aprobado por el Gobierno en febrero de 2011, por lo que a partir de ahora hay tres planes de ahorro y eficiencia energética vigentes con medidas que se repiten y objetivos que no se sabe si se acumulan o se reparten. “Esta confusión no solo no se aclara sino que parece que en la reiteración de planes y medidas se diluyen compromisos y voluntades porque, al fin y al cabo, todos son planes indicativos, es decir, sin carácter vinculante para nadie”, explica la FR en un comunicado.
Con respecto al PAEE 2011-2020 la Fundación Renovables hace las siguientes consideraciones:
1. El diagnóstico que se hace de la evolución de la intensidad energética es incompleto y la mejora de los últimos años, que se considera como una tendencia consolidada, es desmentida por los malos datos de 2010. El año pasado, con un crecimiento nulo del PIB, la intensidad primaria creció un 1,2% y la intensidad final creció un 2,4%. Explicar lo ocurrido en 2010 como un hecho coyuntural, anómalo y errático, como se dice en el Plan, solo indica que no se ha estudiado a fondo el impacto de la crisis económica en las distintas variables energéticas; y el descenso de la demanda energética por la menor actividad económica no permite sacar la conclusión de que España haya entrado en la senda de la mayor eficiencia energética. De la misma manera, las sinergias a las que se alude en el Plan entre el efecto de la crisis y las medidas aplicadas de la E-4 no se explican suficientemente y el ejemplo de los malos datos de intensidad energética del sector industrial indica que el efecto de la crisis ha sido mucho mayor.
2. El argumento principal del PAEE 2011-2020 es que España ha alcanzado en 2010 los objetivos de ahorro de energía que la Unión Europea había establecido para 2016. Tal hecho debería ser la clave para establecer objetivos de ahorro y eficiencia mucho más ambiciosos para 2020, máxime cuando se espera que el sector de los servicios energéticos se multiplique por tres y la creación de empleo se estime entre 500.000 y 1.000.000 de nuevos puestos de trabajo. Mantener los objetivos para 2020 cuando llevamos, según el plan, seis años de adelanto es una autocomplacencia que solo invita a que todo siga como está. Por el contrario, los datos reales son que las importaciones energéticas, que en 2007 constituían el 34% de nuestro déficit comercial, en 2010 han llegado al 66% y que el 48,4% de todo nuestro consumo de energía es petróleo cuando la media de la UE es el 36,6%. La energía sigue siendo un lastre para la competitividad de nuestra economía.
3. Sorprende la aprobación de este plan cuando una parte de su financiación, 3.850 M€ de apoyos públicos que tienen que poner las empresas eléctricas, no está resuelto. Coincide la aprobación del Plan con el inicio, a finales de julio, del trámite de audiencia por la CNE de la Orden que regula la transferencia de esos fondos al IDAE para el PAEE 2008-2012. Es decir, que el PAEE 2011-2020 no tiene garantizada su financiación. ¿Y si las eléctricas ya recurrieron y ganaron la financiación del ahorro a través de la tarifa eléctrica, qué garantía existe de que no volverán a recurrir? A este hecho cabe añadir la inexistencia de medidas fiscales que envíen señales a los consumidores que incentiven las prácticas de ahorro y penalicen las de mayor consumo y derroche de energía. La eficacia del plan queda cuestionada por ambos hechos.
4. El PAEE 2011-2020 basa su desarrollo en el cumplimiento de la Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables y del Plan de Energías Renovables 2011-2020 (PER). En el primer caso se trata de una ley inexistente y cuyo plazo de presentación, a los tres meses de la entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible (LES), ya se ha incumplido; en cuanto al PER, todavía no está aprobado. También se ha incumplido el plazo para aprobar el RD, previsto en la LES, de certificación energética de edificios existentes y no se dice nada de la transposición de la nueva directiva europea de eficiencia energética de edificios. Como tampoco cabe esperar mucho del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 (PEIT), en el que también se basa el cumplimiento del PAEE, porque en su elaboración no se tuvo en cuenta el factor energía.
5. Las propuestas para el sector edificación y transporte tampoco son lo suficientemente ambiciosas como correspondería a los sectores de los que en mayor medida depende el éxito de cualquier política de ahorro de energía. Así, se afirma que los ahorros en edificación se perderán por el incremento del aire acondicionado, pero que las Empresas de Servicios Energéticos lo mejorarán y se prevé que en 2020 apenas el 1,4% de la superficie del parque de edificios tendrá la calificación A o B. En cuanto al transporte el 77% de los objetivos de ahorro se conseguirán en la carretera y solo el 22% en el ferrocarril, porque se prevé 2,5 millones de coches eléctricos en 2020. Faltan medidas vinculantes y decididas. No extraña, pues, que una de las veinte medidas que aparecían en el plan de febrero, la reducción de la velocidad en carretera, haya desaparecido.
Hay que tomárselo en serio
La primera conclusión a la que llega la FR tras estudiar el PAEE 2011-2020 es que su aprobación, coincidiendo con la convocatoria electoral, no solo lo hace pasar inadvertido sino que deja la evidencia de que el ahorro de energía no es un problema prioritario ni importante en la agenda política. Este es un error cuyas consecuencias ya estamos pagando en precios elevados de la energía, pérdida de competitividad, más importaciones energéticas y más contaminación atmosférica. Pero de estas consecuencias no se advierte a la opinión pública sino que se la conforta con argumentos como los de que ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer hasta 2016.
La segunda conclusión es que las actuaciones de ahorro y eficiencia energética deberían tener carácter estructural y estratégico y no ser meras acciones coyunturales y voluntaristas cada vez que sube el petróleo y deben ser fruto del consenso con todos los agentes sociales y políticos, con medidas y objetivos de carácter vinculante que pasen de los anuncios y recomendaciones a las obligaciones y responsabilidades, incluyendo a las compañías distribuidoras de luz, de gas y de carburantes.
La tercera conclusión es que hay que tomarse más en serio el ahorro y la eficiencia energética que debe pasar a estar integrado en la planificación energética como una cuestión prioritaria y de seguridad nacional, como instrumento de la política energética para reducir nuestra dependencia energética exterior y afrontar los impactos negativos del cambio climático en los próximos años.
Para la FR, “todos los planes serán inútiles si las administraciones públicas y sus máximos responsables políticos no se creen la urgencia de transmitir a los consumidores y a la sociedad la necesidad de avanzar hacia una nueva cultura de la energía basada en el ahorro, la eficiencia y el uso racional de la energía”.
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