“La eficiencia energética es una de las pocas políticas de crecimiento y de creación de empleo de que dispone la política económica y con un balance coste-beneficio tan positivo que alguien debería explicar por qué se renuncia a ella con 6.220.000 parados”, ha afirmado García Breva, uno de los principales referentes de la política energética del país, impulsor de un nuevo modelo energético y presidente de la Fundación Renovables.
Sin embargo, esta no parece ser la prioridad del Gobierno central. Lo ha dejado claro con su voto negativo en octubre pasado a la directiva de eficiencia energética 2012/27UE, con el retraso permanente en la transposición de las directiva de ahorro energético de 2002 y 2010, o en la manera en que los decretos de renovación urbana y certificación energética de edificios –publicados recientemente– tratan este asunto: “lo que se dice en el preámbulo de los decretos apenas tiene reflejo en su articulado”, asegura García Breva.
Tanto es así, añade, que en el artículo 1 del procedimiento básico de certificación energética (Decreto 235/2013) se ha suprimido el concepto de edificio de consumo de energía casi nulo. “El concepto que define la directiva es muy claro, son edificios que se abastecen con renovables y autoconsumo - Al no definirse el concepto en el decreto, en realidad se está hablando de una figura normativamente inexistente”. En definitiva, el ahorro de energía se considera solo a efectos informativos y no como auténtico compromiso.
Múltiple error
“Si se tiene en cuenta que, según el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), más del 80% de los 25 millones de edificios que hay en España necesita una rehabilitación energética, que la tendencia es que aumente el coste energético de los edificios, que el potencial de ahorro es cercano al 80% y que eso implica un ahorro mínimo de 7.000 millones de euros a los consumidores, no hay ninguna duda que la rehabilitación energética es un instrumento de reactivación económica y empleo”, continua GarcíaBreva.
De hecho, “rehabilitar el 50% de los edificios con los criterios de la directiva 2010/31/UE de edificios de consumo de energía casi nulo y el impulso a los contratos de servicios energéticos podría suponer la creación de hasta un millón de empleos en el sector de la construcción y de las ESE,s, y además revalorizar los edificios en un 20% por la mejor eficiencia energética”, asegura.
La propia Comisión Europea ha dejado muy claro que prescindir del ahorro de energía es un grave error. Se trata de una herramienta determinante para reducir la dependencia energética (50% en la UE, 80% en España) y rebajar la factura –406.000 millones de euros anuales– que paga Europa en importaciones de petróleo, gas y carbón, cifra equivalente al 3,2% del PIB de la UE (en el caso español, el impacto negativo en el PIB es aún peor, llega al 4%).
Para reducir esa factura, Europa tiene varias políticas en marcha, entre otras abrir la competencia para conseguir un mercado energético integrado en la UE, lo que puede generar ahorros a los consumidores de hasta 35.000 millones de euros, y cumplir los objetivos de renovables. Así, la Comisión considera que la plena aplicación de la directiva de renovables puede ahorrar 8.000 millones en 2020 por reducción de costes del sistema y crear tres millones de nuevos empleos.
Además, la UE va a incrementar significativamente la ayuda económica destinada a eficiencia energética en el periodo 2014-2020 (más del doble) y destinará un 20% de los fondos FEDER a este capítulo, algo de lo que podrían beneficiarse considerablemente las comunidades autónomas, ya que son éstas las que utilizan dicha financiación. “Y si aquí en España no somos capaces de hacer proyectos de eficiencia energética, otros se llevarán el dinero”, sentencia García Breva.
Financiar el ahorro
La preocupación de Bruselas por la eficiencia energética también se refleja en que la directiva 2012/27/UE establece que los gobiernos deben propiciar asociaciones público-privadas para financiarla, a través de la creación de un Fondo Nacional que respalde las inversiones en ahorro. “Hay países como Alemania o Reino Unido que ya disponen de sus propios bancos para financiar proyectos de ahorro energético”, señala G.Breva.
Y es que crear ese nuevo marco regulador exige visión de largo plazo y compromiso real, con objetivos obligatorios y una política fiscal a favor de los servicios energéticos. En opinión de García Breva, el ahorro de energía se debería estimular, igualmente, con incentivos fiscales: “el ahorro de energía tiene que ser premiado y el derroche castigado”, asegura. De igual manera, añade, deberían incorporarse referencias explícitas a la función de los servicios energéticos, junto con compromisos más concretos recogidos en el Código Técnico de la Edificación. Que el gobierno vaya a hacerlo es otra cuestión.
