La directiva de edificios de 2010 es la norma más importante de eficiencia para la edificación en Europa al incluir conceptos clave para alcanzar los objetivos de energía y clima en 2020 y 2030. Incluye los requisitos mínimos de eficiencia para la nueva edificación y la existente, la certificación energética con las recomendaciones para la mejor calificación del edificio, la definición del edificio de consumo de energía casi nulo y los planes nacionales para aumentar su número, con objetivos intermedios para 2015. El plazo de transposición al ordenamiento jurídico nacional finalizó en enero de 2013.
Dos años después, España aún no ha incorporado a su legislación el concepto de edificio de consumo de energía casi nulo ni hay un plan nacional. Si nos atenemos a la definición que hace la directiva, el edificio de consumo casi nulo es aquel que, reuniendo la más alta eficiencia energética, genera in situ la energía que requiere con renovables. Es el edificio con autoconsumo.
La reforma energética y el decreto sobre autoconsumo aprobado hacen imposible el cumplimiento de la directiva de edificios. A este incumplimiento ha seguido el de la directiva 2012/27/UE de eficiencia energética, cuyo plazo de transposición venció en junio de 2014, que incluye aspectos como las auditorías energéticas a grandes empresas, sistemas urbanos eficientes de calefacción y refrigeración o contadores de balance neto que aún no se contemplan en nuestra legislación.
Es un ejemplo de la poca voluntad política por facilitar la eficiencia energética justo cuando la propuesta de la Unión Energética, aprobada por las instituciones europeas, sitúa a la eficiencia energética y al cumplimiento de las directivas como primer instrumento de la política energética y la rehabilitación de edificios como actividad preferente por los beneficios que representa en sostenibilidad, innovación, ahorro de energía y empleo.
Pilar central de la estrategia europea
En las últimas medidas sobre energía contenidas en el llamado “paquete de verano”, la Comisión Europea ha vuelto a insistir en la eficiencia energética como principio central de la estrategia energética europea a través de la participación de los consumidores en el sistema para generar y consumir energía y de un reforzamiento del etiquetado energético. La descarbonización de la economía europea pasa por la eficiencia energética de edificios.
En Europa el consorcio ODYSSEE-MURE, liderado por la agencia francesa de energía ADEME, ha desarrollado una metodología con indicadores de eficiencia energética y CO2 sobre los impactos de las políticas en edificios y detectar así las tendencias que están teniendo lugar en los estados miembros.
La conclusión general es que el ritmo de las mejoras en eficiencia energética en los hogares ha descendido desde el comienzo de la crisis económica en la mayoría de los países. En el sector terciario el consumo de electricidad ha crecido a pesar de la recesión económica debido al aumento de nuevos dispositivos vinculados a internet, así como al aire acondicionado. Sin embargo, en ambos casos, las medidas de eficiencia energética han evitado un crecimiento mayor del consumo de energía.
Amplio margen de mejora
ODYSSEE-MURE destaca que las directivas europeas son un factor importante en las políticas y medidas de eficiencia energética para el sector doméstico y terciario, pero su introducción en las normas nacionales ha sido limitada. Llama la atención sobre las áreas donde se necesita un mayor esfuerzo en la aplicación de las directivas europeas:
• Estrategias de rehabilitación de edificios, donde hay un gran margen de mejora e implantación.
• Certificación energética, que ha de tener mayor visibilidad, desarrollar bases de datos y aumentar la confianza del consumidor.
• La contratación pública, pues no incorpora la eficiencia energética en los procesos de compra y adquisiciones de las administraciones.
• Los contadores inteligentes, ya que la mayor información que aportan a los consumidores necesita el apoyo de otros servicios energéticos, como asesoramiento a medida y facilidades de financiación.
• La producción de energía renovable en los edificios, que está aumentando pero con grandes barreras para la venta de excedentes a la red.
• Las políticas sectoriales no son suficientes en la transformación hacia una economía baja en carbono. Se precisa una mayor cooperación interministerial para afrontar la planificación del territorio, la explotación de las posibilidades de la digitalización y el cambio de comportamientos en el uso de la energía.
• Se debe reconocer en los planes de ahorro de energía los beneficios de la eficiencia energética y las energías renovables. No solo por el ahorro de costes energéticos y reducción de emisiones de CO2, sino por la mejora de competitividad, reducción de las importaciones energéticas, innovación tecnológica, empleo de calidad, diversificación de la economía, etc.
La visión europea para la transición hacia una economía baja en carbono dista mucho de la visión más intensiva en hidrocarburos que se ha trasladado a las normas españolas. Si la eficiencia energética es la política más creíble de la Unión Energética, en España resulta la política más increíble por el contraste entre la oportunidad que representa para las empresas el enorme margen de ahorro energético y el injustificable retraso en el cumplimiento de las directivas europeas.
