El Plan, promovido por los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Hacienda y Función Pública declara como sus "objetivos principales" la racionalización del uso de los edificios e instalaciones administrativas y el establecimiento de formas de organización del trabajo de los empleados públicos "que redunden en ese ahorro energético, a la vez que garanticen la plena prestación de los servicios y la atención a los ciudadanos". La aprobación de este plan responde a uno de los compromisos contemplados en el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 29 de marzo. Este conflicto bélico -explica el Gobierno- ha hecho elevar el precio de los combustibles en Europa a niveles históricos y ha puesto de manifiesto los riesgos de una elevada dependencia energética.
Y, en ese marco, el Ejecutivo quiere que la Administración General del Estado asuma con este plan "un papel de liderazgo y ejemplaridad" y afronte el reto de impulsar actuaciones que propicien el ahorro y la eficiencia en este ámbito en el sector público estatal en las actuales circunstancias. Otro de los objetivos que el Gobierno se plantea con este plan es "servir como modelo a otras administraciones públicas y entidades privadas que se sumen a esta iniciativa, todo ello con la idea de obtener, en el corto plazo, un ahorro en la factura eléctrica, así como contribuir al refuerzo de la seguridad energética del país".
Principales medidas
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destaca, entre las principales medidas que contempla el Plan relativas a la racionalización en las instalaciones y uso de los edificios administrativos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público institucional, las siguientes.
• Establecimiento y racionalización de los horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, iluminación y equipamiento ofimático. Además, se revisará la potencia eléctrica contratada en estos inmuebles.
• Mantenimiento de un óptimo nivel de ocupación de los inmuebles.
• Control de condiciones de temperatura adecuada en locales e instalaciones climatizadas.
• Impulso de la instalación en edificios e infraestructuras públicas de placas fotovoltaicas para autoconsumo.
• Inclusión en los expedientes de contratación administrativa de cláusulas que establezcan como criterio de valoración la aplicación de medidas que impliquen un ahorro energético.
• Optimización del alumbrado exterior en edificios, monumentos, parques, jardines o viales, con regulación de los horarios de encendido y apagado y del nivel luminoso en esas zonas.
• Seguimiento del uso de consumibles: papel, plásticos y otros materiales de oficina.
Medidas organizativas
Por otro lado, el Plan contempla las siguientes medidas en lo que se refiere al fomento de "fórmulas organizativas que deben adoptar los empleados y empleadas públicas, garantizando plenamente la atención a la ciudadanía":
• Refuerzo de la modalidad de trabajo a distancia, para reducir el impacto energético tanto por los desplazamientos al lugar de trabajo como por el consumo de energía en el propio centro de trabajo, garantizando siempre la prestación y calidad del servicio público.
• De esta forma, cada Ministerio o entidad estatal deberá aprobar un Plan de Trabajo que incorporará una declaración de puestos susceptibles para teletrabajar, que cumplan las condiciones para ello.
• El Plan aprobado en Consejo de Ministros contempla, con carácter general, que aquellos empleados con puestos de trabajo a distancia reconocidos podrán teletrabajar tres días a la semana y acudirán dos presencialmente.
• Por razones organizativas debidamente motivadas se podrá autorizar la prestación de dos días de trabajo a distancia. Asimismo, con carácter excepcional, se podrán establecer otros sistemas de trabajo a distancia.
• La implantación del sistema de prestación de servicios mediante trabajo a distancia será voluntaria. El plan de trabajo a distancia se aprobará por la Secretaría de Estado de Función Pública.
• El porcentaje mínimo de prestación de servicios presenciales siempre deberá ser superior al 40% en el conjunto de la jornada semanal.
• Se promocionará e incentivará el uso del transporte colectivo de los empleados públicos para promover la movilidad sostenible.
• Asimismo, se fomentará el uso de la bicicleta, para lo cual se habilitarán aparcamientos para estos vehículos en los edificios públicos.
Así mismo, el Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética en la Administración General del Estado incluirá una serie de medidas de formación y sensibilización, que se concretarán, por ejemplo, en la impartición de cursos gratuitos a empleadas y empleados públicos para promover la utilización eficiente de la energía en la oficina y en el uso del automóvil, a través de la plataforma e-learning del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Para la coordinación del Plan, se prevé la creación de un grupo de trabajo interministerial entre ambos departamentos (Hacienda y Función Pública y Transición Ecológica y Reto Demográfico), con el apoyo técnico del IDAE. Dicho grupo de trabajo sería el encargado de analizar una posible prórroga de las medidas, en el caso de que así se valorara.
El seguimiento de los datos de ejecución del plan en materia energética se realizará asimismo por el IDAE, utilizando para ello el Sistema Informático de Gestión Energética de Edificios de la Administración General del Estado. Todos los edificios e infraestructuras afectados por este Plan deberán estar dadas de alta en esta plataforma.
Otras medidas
Según el Ministerio, este nuevo plan viene a complementar y redundará en la estrategia que está llevando a cabo el Gobierno en materia de eficiencia y ahorro energético. En ese sentido, desde 2021 la Administración General del Estado está abordando lo que el Ejecutivo califica de "un ejercicio de mejora energética sin precedentes". El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico -informa en ese sentido el Gobierno- está movilizando un presupuesto de más de 1.070 millones de euros con cargo a la componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de un Plan de Transición Energética en la AGE, que actúa sobre sus edificios, infraestructuras consumidoras de energía y su movilidad.
En paralelo, en cumplimiento de la disposición adicional novena de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, Transición Ecológica está elaborando el Plan de reducción de consumo energético en la Administración General del Estado (AGE), con el objetivo de que centros consumidores de energía, pertenecientes al Estado, reduzcan su consumo de energía en el año 2030, en consonancia con la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.
