La Comisión Europea ha planteado un ultimátum a España por no trasladar la norma europea de eficiencia energética, que los países de la UE tenían que haber traspuesto el pasado octubre de 2020 a más tardar. El Ejecutivo comunitario ha enviado un dictamen motivado a España, a Croacia, Luxemburgo y Eslovaquia ya que, tras un análisis de las medidas nacionales, ha considerado que la transposición todavía estaba incompleta, según informa Europa Press. En noviembre de 2020, Bruselas envío una carta de emplazamiento a los cuatro Estados miembro por no haber comunicado la plena trasposición de la directiva europea en el plazo previsto. El ultimátum a través de un dictamen motivado es la segunda etapa de los procedimientos europeos de infracción. España dispone ahora de dos meses para responder a Bruselas, que podría en última instancia, llevar el asunto a la Justicia europea si las autoridades españolas no corrigen la situación. La norma europea establece un marco de medidas para impulsar la eficiencia energética y un objetivo vinculante de eficiencia energética en el mercado comunitario de al menos el 32,5% para 2030.
Bruselas también ha abierto un procedimiento de infracción contra España por no trasladar totalmente la normativa europea para el mercado interior de la electricidad, que los países de la UE deberían haber transpuesto en diciembre del pasado año a más tardar. La Comisión Europea ha iniciado la primera fase del procedimiento enviando una carta de emplazamiento a las autoridades españolas así como a Bélgica, República Checha, Irlanda, Lituania y Polonia. A partir de ahora, el Gobierno cuenta con un plazo de dos meses para responder a las inquietudes de Bruselas y explicar el estado en que se encuentran los trabajos para transpone la directiva. En caso de que la respuesta no sea satisfactoria, la Comisión podría emitir un dictamen motivado que da un nuevo plazo de dos meses para que el Estado miembro responda a las dudas antes de que los servicios comunitarios den el último paso y eleven al asunto ante la Justicia europea si no se resuelve antes. Concretamente, la directiva define la organización del sector eléctrico en la UE para una integración de los mercados de la electricidad que sean competitivos, centrados en el consumidor, flexibles y equitativos.
