"El ministro de Energía, Álvaro Nadal -denuncia Equo- ha declarado durante la rueda de prensa posterior [al Consejo de Ministros] que no se están produciendo cortes de suministro a hogares vulnerables, ya que hay algunos acuerdos de comunidades autónomas que ya son efectivos. Sin embargo -continúa Equo-, hoy se ha conocido que un juzgado ha suspendido cautelarmente el protocolo catalán sobre pobreza energética, lo que contradice lo asegurado por el ministro". En ese sentido, el partido ecologista considera que el Gobierno "debería aplicar de manera inmediata el principio de precaución, legislando la prohibición de realizar cortes de los suministros eléctricos sin la autorización de los servicios sociales correspondientes".
El partido verde acusa además a PP, PSOE y Ciudadanos de intentar silenciar el debate sobre la pobreza energética. "Con este Real Decreto -denuncia Equo-, se pierde la oportunidad de actuar de forma decidida contra la pobreza energética y se trata de evitar además que continúe el debate político sobre el tema". Los ecologistas alertan además sobre las consecuencias de esta maniobra política: "las medidas que deben entrar en vigor para impedir de forma efectiva el corte de suministro pueden tardar en aplicarse hasta tres meses, es decir, cuando el invierno haya pasado".
Equo califica en todo caso las medidas incluidas en el decreto de "insuficientes y poco claras"
En la parte referida a la financiación del bono social, el decreto incluye que su coste se reparta ahora entre todas las comercializadoras, proporcionalmente a su cuota de mercado (antes recaía en las cinco grandes, que controlan el 94% del mercado). Al respecto, Equo considera injusta esa medida, ya que las pequeñas comercializadoras no reciben los beneficios que sí reciben las grandes compañías. Estas -señalan los ecologistas-, al estar en todas las fases del sistema eléctrico, reciben prebendas por otros conceptos: "disponibilidad, incentivos a la inversión, pagos por capacidad, windfall profit en la subasta, déficit de tarifa, mercado de emisiones, etcétera".
En realidad -viene a apuntar Equo-, lo que estaría haciendo ahora el Ejecutivo es tratar por igual a los desiguales
La medida reproduce el planteamiento que empleara el anterior ministro de Energía, José Manuel Soria, cuando aprobó el impuesto del 7% a la generación de electricidad. Todo kilovatio hora -sostenía Soria-, por el hecho de ser generado en una instalación, paga un impuesto del 7%. En principio, la medida afecta a todas las instalaciones por igual. Pero, en realidad, lo que está ocurriendo es que el propietario de una central nuclear (y solo hay cuatro empresas que poseen centrales nucleares en España), como también es propietario de una comercializadora de electricidad, pues repercute esa subida impositiva (el 7%) en el consumidor final. Sin embargo, el pequeño inversor que es copropietario de una huerta solar, como no es propietario así mismo de una comercializadora, tiene que repercutir sobre su propio bolsillo ese 7%.
El planteamiento pues es el mismo: trata por igual a los desiguales
El impuesto del 7%, que ideó el ministro Soria, no distingue kilovatios hora (kWh). Aprobado a finales de 2012, es decir, en el primer año de su mandato, este impuesto grava la producción. Con un 7% general, un 7% que pagará el kilovatio hora generado con el sol, y el kWh producido con gas, el nuclear y el de carbón, el eólico y el hidráulico. Es decir, un 7% que trata por igual kilovatios desiguales, un 7% al que le da lo mismo el cambio climático y los residuos nucleares. Además, se da otra circunstancia, según denunciaba hace unos meses el presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables, José Miguel Villarig: “el hecho de que tengamos que pagar ese 7% de imposición sobre las ventas de energía hace que las renovables queden penalizadas, por ejemplo, frente a interconexiones”.
Otra de las críticas que le hace Equo al Real Decreto (RD) anunciado hoy radica en el hecho de que "el reparto de la carga que prevé el RD es por clientes, es decir, que en principio considera igual a un cliente gran consumidor que a un usuario doméstico". Otra vez la tabla rasa de Soria y Nadal, que parecen legislar a martillazos. "Existen comercializadoras -señalan desde Equo- que están facturando cientos de millones de euros, pero de unos pocos clientes, grandes consumidores. Esto recarga aún más sobre los usuarios domésticos el peso del bono social".
O sea, que la nueva norma trata a todos por igual (al Real Madrid y al Alcoyano, consumidores ambos de electricidad), como si fuesen idénticos el gasto del Real Madrid y el del Alcoyano. La solución que propone el partido ecologista es bien sencilla: "todas las empresas energéticas de los distintos segmentos (generación, transporte, distribución y comercialización) deberían asumir el coste del bono social en función de los ingresos obtenidos, no del número de clientes". Porque, evidentemente, no todos los clientes son iguales y/o no todos generan el mismo beneficio.
Equo también critica en el RD la falta de definición de los criterios para considerar a un usuario "vulnerable severo, y en riesgo de exclusión social". El partido verde pide que los descuentos de la factura lleguen al 100% "en el caso de unidades familiares sin ingresos". También es partidaria la formación ecologista de que a los suministros energéticos se les aplique un IVA reducido.
Los ecologistas lamentan que la propuesta del frente constitucionalista sea "de tipo asistencial" y que deje de lado "medidas estructurales que tendrían una mayor incidencia en el problema, como la rehabilitación de viviendas, autoconsumo, educación energética, etcétera". Equo pide así mismo que no se restrinja este tipo de medidas solo a la electricidad. "La pobreza energética -señalan- es un síntoma más de la pobreza generalizada y precariedad que el país está viviendo".
Por fin, Equo reclama -en el comunicado que ha difundido hoy- "una reforma íntegra del sector energético que incluya una auditoría integral del déficit de tarifa; la transformación profunda del funcionamiento y regulación del sector energético para que la población consumidora sea parte activa en la cobertura de sus necesidades energéticas y avanzar hacia un sistema basado en la fiscalidad medioambiental que penalice las fuentes de energía contaminantes y favorezca el desarrollo de las energías provenientes de recursos renovables autóctonos e inagotables".
