El Gobierno ha convocado hoy una "consulta pública" para recabar las opiniones de las partes interesadas y del conjunto de la ciudadanía ante la futura regulación de este mecanismo. La futura norma contribuirá a cumplir con los objetivos marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que marca la senda de reducción de emisiones en la presente década y que espera alcanzar un 39,5% de mejora de la eficiencia energética en 2030. Uno de los principios fundamentales del camino hacia la descarbonización que establece este Plan es el de “primero, la eficiencia energética”. Es por eso que, según el Ministerio, el mencionado objetivo del 39,5% implicará una reducción del consumo de energía primaria "equivalente a una mejora de la intensidad energética primaria (esto es, la energía que se necesita para generar una unidad de Producto Interior Bruto en el país) del 3,5% hasta 2030".
Para poder alcanzar estos valores, que suponen un incremento relevante respecto a los objetivos de eficiencia energética vigentes hasta el momento, es necesario -según el Ministerio- activar nuevos mecanismos e instrumentos que se sumen a los actuales y faciliten su cumplimiento y, entre ellos, "un mecanismo de certificación de ahorro energético (CAEs) para las entidades incluidas en el sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética". Ya existen mecanismos similares en más de una decena de Estados miembro de la Unión Europea, aunque no existen dos iguales, dado que las partes obligadas y la cobertura sectorial son diferentes según el país.
En España, en la actualidad, y de acuerdo con la normativa comunitaria, para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones anuales de ahorro energético, los sujetos obligados deben realizar una contribución financiera al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Este fondo ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en ayudas en los últimos cinco años para invertir en medidas de ahorro de energía en distintas líneas de actuación que han abarcado, entre otras, rehabilitación energética de edificios o apoyo a inversiones en eficiencia energética en el sector industrial.
Además, la normativa habilita al Gobierno a fijar un mecanismo que acredite el cumplimiento de las obligaciones del sistema. Este mecanismo estaría basado en la presentación de certificados de ahorro energético, CAEs, que resulten de las actuaciones de eficiencia energética que las empresas hayan realizado o promovido entre sus clientes finales. Desde esta base, el Ejecutivo emprende la regulación, vía Real Decreto (RD), del sistema, para lo cual abre un proceso de consulta pública con el objetivo de recabar las opiniones de las partes interesadas y del conjunto de la ciudadanía.
La finalidad del futuro RD será la creación de este mecanismo para que, con carácter complementario a la correspondiente aportación económica al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, los sujetos obligados puedan cumplir con parte de su aportación al objetivo de ahorro de energía establecido para el periodo 2021-2030 a través de la acreditación de ahorros de energía final mediante CAEs, generando así un nuevo instrumento que dote de mayor flexibilidad el impulso de inversiones en eficiencia energética y, con ello, los objetivos establecidos.
La consulta previa incluye siete preguntas en las que aborda cuestiones como las posibles ventajas y desventajas de un mecanismo de acreditación, el porcentaje de obligación anual de ahorro de energía que debería quedar acreditado por el CAEs, posibles barreras regulatorias o económicas o una estimación del potencial de ahorro de energía final derivada de la implantación del sistema de CAEs, entre otras. Es posible enviar contribuciones a la consulta hasta el próximo 12 de febrero. Los escritos -informa el Ministerio- han de remitirse a la Dirección General de Política Energética y Minas, a través de la dirección de correo electrónico bzn-consultasfnee@miteco.es, indicando en el asunto “Certificados Ahorro Energético”.
