El Parlamento Europeo aprueba la directiva sobre ahorro energético en los edificios

Al conjugarse la posición de la Eurocámara con la del Consejo de Ministros de Energía, existe vía libre para la entrada en vigor de la nueva medida. La directiva unifica los sistemas de control de consumo energético de los edificios que utilizan los Quince y establece un régimen homogéneo para la certificación de gasto y calidad de las instalaciones, junto a medidas de promoción del ahorro energético.

"Si no se adoptan medidas de ahorro y dada la imposibilidad de reducir la oferta, la dependencia energética de la UE con el exterior alcanzará el 70% en 2030. De ahí la importancia de comenzar a ahorrar energía en un sector que supone el 40% del consumo, que representa el 24% de las importaciones de energía y en el que la UE gasta 100.000 millones de euros anuales, el 0,5% de su PIB", señala Vidal-Quadras, diputado del Grupo Popular y vicepresidente de la Cámara europea, que presentó la ponencia.

Sólo el 10% es renovable
La UE considera fundamental promover el ahorro energético en los edificios puesto que el 40,7% de la demanda total de energía procede de los sectores terciario y de la vivienda. Sectores en los que sólo el 10% de la energía consumida procede de fuentes renovables. La calefacción (57%) absorbe la mayor parte del gasto de energía de los hogares europeos, seguida del agua caliente (25%), del alumbrado y de los electrodomésticos (11%).

La directiva transforma el régimen normativo al pasar de las actuales recomendaciones de aplicación voluntaria a una prescripción normativa vinculante. Contempla una metodología común para el cálculo del rendimiento energético de cada edificio, al objeto de facilitar comparaciones, y un sistema de certificación –que será realizado por empresas independientes– que sirva para informar a los usuarios del gasto de energía y de la calidad de las instalaciones, junto a un régimen de inspecciones periódicas de los sistemas de calefacción y aire acondicionado.

Además, establece la obligación de contar con un certificado de rendimiento energético, renovado cada cinco años, que abarcará todos los edificios de nueva construcción, así como los antiguos en los que vaya a realizarse una renovación y cuya superficie sea superior a los 1.000 metros cuadrados. Uno de los principales logros del PE ha sido adelantar en un año la entrada en vigor de las normas, ya que los ministros pretendían imponer un margen de cuatro años una vez transcurridos los 36 meses de plazo para la transposición de la directiva.

Algunas exenciones
El texto final recoge, además, otras demandas defendidas por el Parlamento Europeo durante el periodo de tramitación, en particular las relativas a la facturación individual del consumo, la definición clara de los edificios que quedarán exentos –aquellos de carácter histórico, los provisionales cuya ocupación sea inferior a dos años, las instalaciones industriales y las viviendas que no sean residencia habitual–, así como el énfasis en las exenciones fiscales que estimulen la aplicación de las medidas.

También quedó incorporada la obligación de informar y educar a los ciudadanos sobre el uso racional de la energía en los edificios, la importancia de los sistemas de aire acondicionado en los Estados miembros meridionales, el tratamiento diferenciado de los edificios ya construidos y los de nueva construcción y la atención especial a las viviendas de interés social.

La aplicación de esta legislación "supondrá una verdadera revolución en el sector de la vivienda y en el gasto en energía", pronosticó Vidal-Quadras, puesto que afectará al 70% del parque inmobiliario de la UE. Y estimó que, pese al coste suplementario que implica la elaboración de los certificados, el ahorro en energía resultante de la Directiva será tres veces mayor.

Más información:
Parlamento Europeo
www.europarl.eu.int

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