El bono social supone actualmente un descuento del 25% en la factura final de electricidad. Actualmente existen 2,4 millones de hogares acogidos a este descuento, lo que alcanza a unos 7 millones de personas. Según el Ministerio, el nuevo real decreto ley "garantiza la financiación del bono social y da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que consideraba discriminatoria la financiación anterior, por parte de las compañías eléctricas verticalmente integradas". Para dar cumplimiento a la sentencia se extiende ahora la obligación de financiación a todas las compañías que realicen la actividad de comercialización de electricidad y en un porcentaje de depende del número de clientes.
La nueva financiación por tanto mantiene el esquema anterior en cuanto a que continúan siendo las empresas eléctricas quienes financian el bono social. No se ha cargado su coste por tanto ni a los Presupuestos Generales del Estado ni tampoco al sistema eléctrico y, por consiguiente, a la factura de los consumidores. El Ministerio asegura que el RD-ley convalidado ayer no agota la actuación del Gobierno en cuanto a la sentencia. Antes al contrario, el Ejecutivo ya ha anunciado que tiene previsto presentar ante el Tribunal Constitucional "un recurso de amparo al considerar que debería haberse elevado este caso al Tribunal de Justicia Europeo".
Categorías de consumidores vulnerables
La nueva normativa contempla la definición de distintas categorías de consumidores vulnerables sobre los que se podrán aplicar diferentes descuentos, lo que permite adaptar de manera más eficaz la ayuda a las diferentes necesidades de los consumidores más desprotegidos. Según el Ministerio, "el diseño de las nuevas categorías irá en consonancia con las orientaciones de la Comisión Europea; en particular, el mecanismo previsto de ofrecer diferentes descuentos es coherente -asegura el Ejecutivo- con el contenido propuesto por Bruselas en el llamado Paquete de Invierno". El objetivo es "asegurar que las personas que reciben las ayudas sean realmente las que la necesitan".
El Gobierno asegura que buscará el consenso entre los diferentes grupos políticos
El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, tuvo una reunión con representantes políticos el pasado 17 de enero en la que se solicitaron propuestas concretas sobre la redefinición de los colectivos de consumidores vulnerables. El Ministerio asegura que existe "un amplio consenso" para reformar las categorías de consumidores que pueden acogerse al bono social, y que hay acuerdo en emplear como elemento esencial un criterio de renta (criterio que el bono anterior, cuyo diseño data de 2009, sorprendentemente no contemplaba). El consenso giraría en torno a la definición de tres categorías de consumidores vulnerables que pueden acogerse al bono social:
1.- Una primera categoría de consumidores con una vulnerabilidad menor, para los cuales se mantendría en principio un descuento análogo al actual del 25% de su factura.
2.- Una segunda categoría de consumidores que requieren mayor apoyo por su menor renta o sus circunstancias personales, para los que el descuento podría ser incluso superior al 25% anterior.
3.- Una tercera categoría de consumidores con una situación severa que estén recibiendo además ayuda por parte de los servicios sociales competentes de su Comunidad Autónoma, donde además de aplicarse el descuento más intenso pueda cofinanciarse parte del coste del suministro por las empresas eléctricas. En estos casos se establece que no podrá suspenderse el suministro eléctrico a estos consumidores.
Regulación de los cortes de suministro
La norma obligará de forma más rigurosa a notificar el impago a los hogares antes de proceder al corte de la electricidad. Además, se amplía de 2 a 4 meses el plazo para suspender el suministro en caso de impago para los consumidores vulnerables desde que la empresa eléctrica lo comunica al consumidor. Las compañías eléctricas deberán comunicar también a las comunidades autónomas los impagos de los consumidores.
Este sistema de notificación permitirá contar con un mecanismo de alerta temprana para los servicios sociales competentes, que podrán actuar antes de que se produzca el corte del suministro. Si los servicios sociales comprueban que el consumidor es vulnerable severo podrán además atenderle con sus propios recursos, disponer de una financiación adicional del bono social y no podrá cortársele el suministro.
El Ministerio de Energía asegura que "para los casos de consumidores vulnerables severos que sean atendidos, se contempla una cofinanciación por parte de las empresas eléctricas financiadoras del bono social [o sea, todas las empresas], que complementará la que ya realizan las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos a través de sus servicios sociales".
Finalmente, se adoptan medidas encaminadas a reforzar la transparencia en la contratación de los consumidores vulnerables, como la obligación de informar a los clientes de la modalidad de contratación de precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) y del bono social. Asimismo, se contemplan también indicadores similares a los que existen en el ámbito financiero (TAE) para facilitar la comparación de las distintas ofertas comerciales a los consumidores.
El nuevo mecanismo
La obligación de financiar el bono social a partir del número de clientes (y no a partir de la cantidad de electricidad comercializada) ha sido muy criticada por diversos actores del sector, como, por ejemplo, la comercializadora pública Eléctrica de Cádiz, que es propiedad en un 55% del Ayuntamiento de esa ciudad. Según su presidente, el concejal de Hacienda de Cádiz, David Navarro, el nuevo mecanismo de financiación (ahora pagan todas las comercializadoras y no solo las cinco grandes) va a penalizar "enormemente" a aquellas empresas que comercializan principalmente electricidad en el sector doméstico (muchos clientes, pero poca cantidad de energía).
De esta manera -explican desde el ayuntamiento gaditano-, Eléctrica de Cádiz se verá obligada a dedicar aproximadamente la mitad de sus beneficios anuales, unos 500.000 euros aproximadamente, a financiar un bono social que no podrá ofrecer a sus clientes, puesto que el Real Decreto Ley 7/2016 mantiene que solo puedan hacerlo las comercializadoras de referencia, entre las que sí están Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo, etcétera.
El presidente de Eléctrica de Cádiz ha manifestado que “obligar a Eléctrica de Cádiz a entregar la mitad de sus beneficios anuales para financiar un bono que encima no puede ofrecer es un atentado contra toda la ciudad de Cádiz”. Según Navarro, el nuevo mecanismo de financiación del bono social supondrá un cuantioso trasvase de fondos de las pequeñas y medianas comercializadoras del sector doméstico, a las grandes comercializadoras, las cuales sí ofrecen el bono social, en su versión PVPC.
La consecuencia de todo ello -apuntan desde Cádiz- es que, previsiblemente, esta medida supondrá una subida de tarifas de las pequeñas y medianas comercializadoras, que se verán obligadas a repercutir este coste del bono social estatal en los clientes finales, y en consecuencia generará la pérdida de su competitividad de estas empresas a favor de las grandes comercializadoras. El Ayuntamiento de Cádiz propone un mecanismo de financiación que
sea proporcional "al volumen de negocio de las empresas y/o al volumen de energía, y no al número de clientes” y solicita que “todas las comercializadoras que lo deseen deben poder facilitar el bono social, no sólo las comercializadoras de referencia”.
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