Veinte medidas en tres grandes ámbitos: transporte y movilidad; edificación e iluminación; y consumo eléctrico; y asimismo una campaña de concienciación a los ciudadanos sobre la importancia del ahorro de energía. Esas son las líneas maestras del plan que ha hecho público hoy el gobierno. ¿Objetivos? Tres. Además, muy concretos, según el Ministerio de Industria: un ahorro estimado de 3,2 millones de toneladas de petróleo anuales (el equivalente a 28,6 millones de barriles de petróleo, es decir, el 3,5% del consumo de energía final); un ahorro económico estimado de 2.300 millones de euros anuales "en importaciones energéticas con los precios actuales" (el dato de ahorro económico está sujeto a la variación del precio del petróleo, no así el ahorro en consumo de barriles, dice el gobierno); y reducción de las emisiones de CO2 en 12,5 millones de toneladas al año.
Las medidas son las siguientes:
1. Financiación para la ejecución de planes de movilidad urbana sostenibles (PMUS) en aquellas ciudades de entre 20.000 y 50.000 habitantes que tengan en marcha dichos planes. Entre los proyectos financiables incluidos destaca el fomento del transporte público, carriles de uso exclusivo del transporte público e intercambiadores de transporte. La cuantía de la línea asciende a 262,4millones de euros. Los recursos empleados para esta inversión serán de origen Feder (Fondo de Desarrollo Regional) gestionados a través del Ministerio de Política Territorial.
2: El Ministerio de Fomento presentará próximamente un plan de eficiencia energética en el transporte, prestando especial atención al transporte ferroviario de mercancías.
3. Plan Renove de neumáticos. El gobierno establecerá una línea de subvenciones de 20 euros por neumático hasta un máximo de 240.000 neumáticos, lo que supone un mínimo de 60.000 vehículos beneficiados.
4. Optimización del uso de los pasillos aéreos y rutas verdes de aproximación mediante, entre otras cosas, la mejora en la utilización del espacio aéreo del Ministerio de Defensa.
5. Fomento del coche compartido (car pooling) mediante soluciones relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs).
6. Reducción temporal de los límites de velocidad de 120 a 110 kilómetros por hora en autopistas de peaje y autovías de la red general del estado para turismos y motocicletas. Esta medida afectará a 12.000 kilómetros de estas vías en España. Su coste de implantación por el cambio de señales es de 250.000 euros. El 30 de junio de 2011 el Gobierno evaluará la continuidad o no de dicha medida.
7. Elevación del objetivo de biodiésel al 7% anual en contenido energético para el año 2011 y siguientes.
8. Rebaja de hasta un 5% en tarifas de trenes de cercanías y media distancia de Renfe. El gobierno costeará esa medida en las autonomías a las que se transfirió esa competencia y que se han negado a aplicar la rebaja promovida desde el ejecutivo central.
9. Fomento del transporte público en la administración general del estado: priorización de las ayudas sociales al transporte.
10. Fomento de las ciudades con el sello Movele (el plan Movele es un plan de impulso del vehículo eléctrico promovido desde el Ministerio de Industria).
11. Establecimiento de una línea ICO (Instituto de Crédito Oficial) específica para Empresas de Servicios Energéticos (ESE), con el objetivo de facilitar el acceso al crédito a este tipo de empresas. El importe inicial destinado a la financiación sería de 600 millones de euros y su ejecución se realizará mediante un convenio de colaboración entre el ICO y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE).
12. Introducción de calderas de biomasa en los edificios de las administraciones públicas mediante la ampliación del actual plan de empresas de servicios energéticos, subvencionando a fondo perdido un 15% del coste de estas actuaciones. Ampliación de la línea de ayudas del Plan Renove de calderas de alto rendimiento energético que tiene en marcha el IDAE para alcanzar 1.000 MW de potencia instalada.
13. Racionalización del consumo energético de las administraciones públicas.
14. Intensificación del plan renove de calderas de alto rendimiento energético.
15. Certificación energética obligatoria de edificios no residenciales de más de 400 kW de potencia instalada.
16. Renovación de los sistemas de alumbrado público municipal por otros más eficientes. El gobierno ha hablado del lanzamiento de 19 proyectos integrales (uno por cada comunidad autónoma más las dos ciudades autónomas) para grandes ciudades a través del modelo de ESEs. Se renovarán las lámparas de vapor de sodio por tecnologías de alta eficiencia en los municipios con menos de 200 habitantes (unos 2.200 municipios). Se exigirá el cumplimiento de la normativa sobre alumbrado público eficiente para todos los municipios de más 25.000 habitantes (295 municipios) en un plazo máximo de 5 años.
17. Plan de eficiencia energética en la red de carreteras del estado.
18. Culminación de la sustitución de ópticas de semáforos por LEDs (diodos emisores de luz).
19. Plan 2x1 de renovación de halógenos por LEDs.
20. Campaña de sensibilización sobre el ahorro energético dirigida a los consumidores finales.
Se trata de medidas –concluye Industria– que afectan a todas las administraciones públicas, "por lo que el gobierno considera fundamental la colaboración de comunidades autónomas y ayuntamientos para alcanzar los objetivos y asegurar, de esta forma, el pleno desarrollo del plan".
Gadafi y la sensibilización en materia de ahorro y eficiencia
El plan llega de la mano de la crisis del mundo árabe y responde a datos muy concretos: del petróleo que España importa de África, el 36% nos llega, precisamente, de Libia; del gas natural que importamos, el 25% procede de Catar, Egipto y Libia, tres países en transición o conflicto. Según el Ministerio de Industria, España importa el 75% de los recursos energéticos que consume (dependemos del exterior, pues, en un 75%). Los números concretos del petróleo que ha difundido hoy el gobierno son igualmente explícitos. Según Industria, España importa 600 millones de barriles de petróleo al año. El ministerio señala, además, que un incremento de 10 euros en el precio del barril "tiene un coste para el país cercano a los 6.000 millones de euros anuales" y que "de mantenerse los precios del petróleo en los niveles actuales, nuestro déficit energético en 2011 alcanzaría los 46.000 millones de euros".
Pero si la factura que está pagando el país es formidable, el mal uso que España hace de esa energía resulta, sencillamente, inmoral. Según el informe que presentara en noviembre la Subcomisión parlamentaria de Análisis de la Estrategia Energética Española para los próximos 25 años, a finales de 2009, para producir la misma cantidad de PIB, España consumía un 24% más que la media de los países de la UE15 y un 12% más que los países de la UE27, es decir, que, mientras en la UE27 producen una unidad de PIB con equis insumos de energía, en España producimos la misma unidad con equis... más un 12%, lo cual demuestra una ineficiencia casi tan formidable como la factura apuntada arriba.
España ha mejorado, pero los demás han mejorado más
Según datos facilitados hoy por el Ministerio de Industria, "en 1997, España tenía una intensidad energética similar a la media europea (UE 27)". Sin embargo –continúa Industria–, "desde ese año y hasta 2004, todos los países hicieron esfuerzos de ahorro y eficiencia energética, excepto España". Y eso se tradujo en que la intensidad energética creciese hasta el punto de colocarnos en el vagón de cola de la Unión en ese ratio. Contra esa tendencia de merma de la eficiencia, el gobierno ha presumido hoy de la puesta en marcha, precisamente en 2004, de políticas de ahorro y eficiencia energética que, según Industria, han permitido reducir nuestras importaciones de petróleo un 10% desde 2006. Asimismo, el ejecutivo ha presumido hoy de que, desde 2004 y hasta 2010, "las políticas de ahorro y eficiencia de este Gobierno han permitido reducir nuestra intensidad energética en más de un 14%".
El dato oficial, dato que se supone cierto, no debe ocultar sin embargo que la mejora en la eficiencia registrada en la economía española ha sido menor que la mejora que han registrado en esa misma materia –la eficiencia– las economías europeas. O sea, que mejoramos, sí, pero mejoramos menos que nuestros vecinos de la Unión. Lo señalaba recientemente el "Observatorio de Energía y Sostenibilidad en España. Informe basado en indicadores. Edición 2010", obra de la Universidad Pontificia de Comillas (UPC). Según el "Observatorio...", que fue presentado la semana pasada en Madrid por dos de sus coautores, los profesores Ignacio Pérez-Arriaga (Massachusetts Institute of Technology) y Pedro Linares (UPC), en 2000 la intensidad energética española era un 17,65% superior a la media europea (UE-15), mientras que en 2008 el margen era del 26,3%.
Entre 1997 y 2004
El "Observatorio..." concluía poniendo en contexto histórico los números: en España, la intensidad energética ha seguido en primer lugar un periodo de crecimiento debido al creciente peso en la economía de la construcción, para después empezar a reducirse gracias a las políticas de eficiencia y el avance tecnológico, pero, también, como causa del incremento de los precios energéticos y la caída de la construcción. Así, la intensidad energética en 2000 fue un 2,4% mayor que la de 1990, y la de 2009 un 7,9% menor que la de 2000, concluye el "Observatorio". La tendencia cambió concretamente en 2005, primer año en el que la intensidad energética (indicador que mide la relación entre PIB y consumo de energía) se redujo. Conclusión: entre 1997, año en el que, según Industria, la intensidad energética española fue similar a la media de la UE27, y 2004, ese inidicador no hizo otra cosa que empeorar.
Dados esos números, no son de extrañar algunas recientes declaraciones de significados representantes del Partido Popular, partido gobernante precisamente en el período 1996-2004, declaraciones que denotan una cierta falta de seriedad a la hora de abordar el debate energético o una ignorancia sencillamente supina. Así, por ejemplo, y tal y como viene siendo habitual desde que el actual ejecutivo anunciara las primeras medidas para ahorrar energía, la secretaria general del PP, Mª Dolores de Cospedal, bromeaba hoy en Baleares, en la convención popular que tiene lugar allí, con las farolas eficientes –"ahora se plantean si nos quitan las farolas"–, con las corbatas del ministro o con los manidos 110 kilómetros por hora: "el problema no es que el ejecutivo quiera limitar la velocidad a 110 kilómetros por hora, sino que tienen 110 improvisaciones a la hora, que no es lo mismo".
Horas antes, su compañero de partido, precisamente el presidente del PP de Baleares, José Ramón Bauzá, también se despachaba a gusto, en este caso faltando a la verdad, en declaraciones a Los Desayunos de TVE, programa en el que ha afirmado sin rubor que "no podemos demonizar la energía nuclear cuando la estamos comprando a países vecinos", mentira de rabiosa actualidad que, de tanto repetida, ha calado en gran parte de la sociedad. La mentira de Bauzá es, en todo caso, fácilmente desmontable. Según el operador del sistema eléctrico nacional, Red Eléctrica de España, "por séptimo año consecutivo, el saldo de los intercambios internacionales ha resultado exportador, con 8.490 GWh, un 4,8% superior al de 2009". O sea, que España lleva ya siete años produciendo más electricidad que la que consume. El dato, que parece ignorar el señor Bauzá (preferimos creer que es ignorancia, y no mala fe), aparece en el balance que recientemente publicaba REE de "datos del sistema eléctrico español de 2010", que asimismo apunta con prístina claridad que el saldo hispano francés es 1.387 GWh favorable a España, o sea, que no es España, es Francia la que compra electricidad.
