La elaboración de planes sociales para el clima nacionales está prevista en el paquete normativo europeo conocido como Objetivo 55 (Fit for 55), que amplía el mercado europeo de derechos de emisión a algunos sectores difusos a partir de 2027. Los PSpCs -explica el Ministerio- deben contener "medidas e inversiones para reducir las emisiones de CO2 en los sectores del transporte por carretera y los edificios". Su objetivo es "aumentar la eficiencia energética de los edificios, y proporcionar una calefacción y refrigeración y una movilidad asequible para a los hogares vulnerables, las microempresas vulnerables y los usuarios vulnerables del transporte" (el plan incluye la posibilidad de establecer "ayudas directas temporales a la renta para hogares vulnerables y usuarios del transporte"). Los PSpCs de los estados europeos se nutrirán del Fondo Social para el Clima, al que se le asignará un máximo de 65.000 millones de euros entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2032, de los que un 10,52% le corresponderán a España. Además, cada Estado deberá aportar adicionalmente un 25% del importe de su PSpC con cargo a sus propios presupuestos, "con lo que en el caso de España rondará los 9.000 millones".
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico informa
Los planes sociales para el clima pueden incluir el apoyo a las siguientes medidas e inversiones "que deben diseñarse para tener un impacto duradero".
• la renovación de edificios, sobre todo para los hogares vulnerables y las microempresas que ocupan los edificios con peores resultados, incluidos los inquilinos y las personas que viven en viviendas sociales;
• el acceso a viviendas asequibles y eficientes desde el punto de vista energético, incluidas las viviendas sociales;
• la descarbonización de edificios, como la electrificación de la calefacción, la refrigeración y la cocina, mediante el acceso a sistemas asequibles y eficientes desde el punto de vista energético;
• la integración de la generación y el almacenamiento de energías renovables, en particular mediante las comunidades de energías renovables, las comunidades ciudadanas de energía y otros clientes activos para promover la adopción del autoconsumo de energía renovable;
• la información, educación, concienciación y asesoramiento selectivos acerca de las medidas e inversiones rentables, el apoyo disponible para las renovaciones de edificios y la eficiencia energética, así como las alternativas de movilidad y transporte sostenibles y asequibles;
• el acceso a vehículos de emisión cero y de baja emisión y bicicletas, incluidas ayudas financieras o incentivos fiscales;
• las infraestructuras públicas y privadas, incluida la compra de vehículos de emisión cero y de baja emisión, la infraestructura de recarga y repostaje y el desarrollo de un mercado de vehículos de emisión cero de segunda mano;
• los incentivos para el uso de un transporte público asequible y accesible;
• la incentivación a entidades privadas y públicas que desarrollan y ofrecen movilidad sostenible a la carta, servicios de movilidad compartida y opciones de movilidad activa;
• ayudas directas a la renta para los hogares y usuarios vulnerables del transporte a fin de reducir el impacto del incremento de los precios del combustible para el transporte por carretera y la calefacción. Estas ayudas directas deben ser temporales y disminuir a lo largo del tiempo; y no representar más del 37,5% de los costes totales previstos del plan.
Según Transición Ecológica, el PSpC se puede configurar como "una importante herramienta de apoyo para potenciar la descarbonización de la economía", habida cuenta de que en el tejido económico español tienen un peso "muy considerable" los autónomos y las microempresas.
El Reglamento (UE) 2023/955 identifica tres grupos destinatarios del Fondo Social para el Clima que se verán significativamente afectados por el impacto de los costes del nuevo comercio de derechos de emisión para edificios y transporte por carretera.
Son estos
• los hogares vulnerables, definidos como aquellos que sufren pobreza energética, incluidos los que tienen ingresos bajos y medios-bajos, y que carecen de medios para renovar el edificio que ocupan;
• las microempresas vulnerables, que son aquellas que no disponen de medios para renovar el edificio que ocupan, adquirir vehículos de emisión cero o de baja emisión, o pasar a modos de transporte sostenibles alternativos, incluido el transporte público;
• los usuarios vulnerables del transporte, que se definen como personas y hogares en situación de pobreza de transporte, incluidos los que tienen ingresos bajos y medios-bajos, y que no disponen de medios para adquirir vehículos de emisión cero y de baja emisión, o para pasar a modos de transporte sostenibles alternativos, incluido el transporte público.
Las personas y entidades interesadas en participar en la elaboración del PSpC pueden hacer sus aportaciones mediante este formulario, al que puede accederse aquí hasta el próximo 21 de marzo.
Consulta pública previa a la elaboración del Plan Social para el Clima
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