La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 es un instrumento dividido en cuatro ejes de actuación y 19 medidas, en el que se ofrece, por primera vez, una definición oficial sobre la pobreza energética, se establecen indicadores para su seguimiento –que determinan que, en la actualidad, existen entre 8,1, y 3,5 millones de personas que cumplen algunos de los criterios– y objetivos para su reducción a 2025. Un 25% al menos para dentro de seis años, aunque el objetivo perseguido es reducirla a la mitad para esa fecha.
Para ello, entre otras medidas, la Estrategia fija las líneas del futuro bono social energético, que deberá ser automático y cubrir todas las fuentes de suministro (calefacción y electricidad); y se plantean acciones a corto, medio y largo plazo para la rehabilitación energética de viviendas y de sustitución de antiguos electrodomésticos y equipos por aparatos eficientes. Asimismo, se prohíbe la interrupción de suministro energético en situaciones meteorológicas extremas a consumidores vulnerables, cuestión que se suma a las restricciones de corte ya existentes sobre consumidores vulnerables y preceptores del actual bono social eléctrico en cuya vivienda viva al menos un menor de 16 años, una persona con una discapacidad superior al 33% o una persona en situación de dependencia de grado II ó III.
Definición oficial
“La pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”. Esta es la definición que determina la Estrategia sobre el concepto de pobreza energética. Por tanto, esta situación puede deberse a una multiplicidad de realidades, que van desde la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar a un gasto energético desproporcionado en relación con el nivel de ingresos.
Para analizar y realizar un seguimiento adecuado de las diversas tipologías de pobreza energética, el texto adopta los cuatro indicadores primarios oficiales del Observatorio Europeo contra la pobreza energética:
1. Gasto desproporcionado (2M): porcentaje de hogares cuyo gasto energético en relación con sus ingresos es más del doble de la mediana nacional.
2. Pobreza energética escondida (HEP, en su acrónimo inglés): porcentaje de los hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la mediana nacional.
3. Incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada: porcentaje de la población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada.
4. Retraso en el pago de las facturas: porcentaje de población que tiene retrasos en el pago de facturas de los suministros de la vivienda.
En base a los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2017, 8,1 millones de españoles presentan un gasto desproporcionado en relación con sus ingresos; 5,1 millones de personas sufren pobreza energética escondida; unos 3,7 millones de personas pasan el invierno a temperaturas inadecuadas y 3,5 millones de personas han de afrontar retrasos en el pago de sus facturas.
Situación de la pobreza energética en España (%)
Para cada uno de los indicadores, la Estrategia establece un objetivo de reducción mínimo del 25% en 2025 y se fija como meta a alcanzar una disminución del 50%.
Cuatro ejes de actuación
La Estrategia establece cuatro ejes de actuación que recogen 19 medidas con el objeto de lograr las mencionadas metas de reducción.
El primer eje está destinado a mejorar el conocimiento de la pobreza energética a través de un estudio de detalle del gasto energético de los consumidores según la zona climática en la que habiten. Para ello, se analizará permanentemente un panel de hogares vulnerables. La tipología climática de España es muy variada y puede darse el caso de que, en la misma provincia, se concentren diferentes zonas climáticas. Por ejemplo, en Almería las diferencias climáticas entre municipios pueden llegar a ser el del 100% según su nivel sobre el mar. El estudio también prestará especial atención a la perspectiva de género y a la presencia de menores en la vivienda.
Además, la Estrategia establece la obligación de que el Gobierno de España actualice los indicadores anualmente, publicando los resultados a más tardar el 15 de octubre de cada año.
Nuevo bono social
El texto repasa las dificultades y obstáculos que presenta la actual configuración del bono social eléctrico, que en 2018 se vio complementado con un bono térmico para ayudar a sufragar gastos de calefacción durante el invierno. Concluye el documento que es preciso elaborar un nuevo bono social y marca los tres elementos que deberán guiar su futura configuración:
• Universalidad de fuentes de suministro: la ayuda será integral para el conjunto de los suministros energéticos, tanto eléctricos como térmicos, incluyendo aire acondicionado en determinadas zonas climáticas, agua caliente sanitaria y cocina.
• Automatización: a través de la colaboración entre administraciones, se fijarán criterios para favorecer la concesión directa de la ayuda. El criterio de renta será el principio básico pero se tendrán en cuenta un conjunto de cuestiones en función de la situación de los perceptores o su unidad familiar, o la zona climática donde se ubique la vivienda.
• Gestión coordinada con otras administraciones públicas. En la implementación de los mecanismos y prestaciones que se diseñen, todas las administraciones tendrán un papel relevante, que ejercerán de manera coordinada en el ámbito de sus competencias.
La Estrategia prohíbe cortar el suministro en situaciones climatológicas extremas, como puede ser una ola de frío o de calor. Esta restricción se suma a las ya existentes: no es posible cortar el suministro a familias en riesgo de exclusión social y beneficiarios del bono social en los que en la unidad familiar haya un menor de 16 años, una persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III.
Además, el documento amplía el periodo previo al corte de suministro en caso de impago. Hasta ahora, para los consumidores vulnerables acogidos al bono social de electricidad, la normativa habilitaba un plazo de cuatro meses antes de que el suministrador pudiera interrumpir el servicio. La Estrategia aumenta el plazo otros 4 meses, durante los cuales el consumidor recibirá un suministro mínimo vital que se fijará atendiendo a las diferentes situaciones de vulnerabilidad.
Hacia un cambio estructural
El objetivo de la Estrategia es ampliar paulatinamente el peso de las medidas estructurales frente a las prestacionales –bonos sociales– para permitir abordar el problema de la pobreza energética de forma estructural. Por ello, centra uno de sus ejes en medidas de rehabilitación y de eficiencia energética a corto, medio y largo plazo.
En primer término, se potenciará las rehabilitaciones exprés (cambios de equipos térmicos, modificación de determinados elementos de la envolvente de la vivienda…); a medio plazo se apuesta por el fomento de parque de vivienda en alquiler social con subvención para los gastos de suministros energéticos para colectivos especialmente vulnerables; y se incentivará la sustitución de electrodomésticos, equipos térmicos o calderas por otros dispositivos más eficientes energéticamente mediante subvenciones.
A largo plazo, se apostará por medidas de rehabilitación integral de edificios, teniendo en cuenta criterios ambientales y sociales, tales como la perspectiva de género, la utilización de materiales sostenibles o la accesibilidad y; se podrán identificar aquellas edificaciones con peor comportamiento energético derivado de sus características constructivas, en el marco de la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España, del Ministerio de Fomento. El cruce de esta información con los indicadores de situación de vulnerabilidad permitirá proponer medidas específicas para este tipo de comunidades.
Protección a los consumidores y concienciación social
El último eje de la Estrategia se centra en medidas de protección a los consumidores y concienciación social. Entre otras actuaciones, se elaborará un protocolo de actuación para detectar situaciones de vulnerabilidad por parte de los profesionales de atención primaria; y se homogeneizará la gestión de información sobre prestaciones públicas buscando que esta información se incorpore a la ya existente tarjeta social universal, que gestiona el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
En el ámbito de la concienciación ciudadana, se desarrollarán acciones de comunicación sobre el uso de contadores inteligentes para que la ciudadanía conozca las posibilidades de ahorro y eficiencia que ofrecen; se ofrecerá información sobre hábitos de consumo, ahorro energético y mejora de eficiencia y se establecerá un canal de comunicación permanente con los sujetos y colectivos interesados. El texto plantea la creación de un espacio web que funcione como punto de acceso general de información sobre pobreza energética.
Por último, se prevé la inclusión de la perspectiva de pobreza energética en la las modificaciones que se realicen en la normativa que afecte a consumidores energéticos.
Desde el Ministerio de Transición Ecológica indican que la elaboración y aprobación de la Estrategia se realiza en cumplimiento del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que establecía que “en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de dicho decreto ley el Gobierno debía aprobar la Estrategia.
