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Ecologistas, sindicatos, consumidores y empresarios proponen una norma más exigente que la del proyecto de Código Técnico de la Edificación

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Las organizaciones ecologistas (Ecologistas en Acción y WWF/Adena), sindicales (CC OO y UGT), de consumidores (ASGECO, CECU, FUCI, OCU, UCE y UNAE) y empresariales (AFELMA), solicitan la actuación urgente y la corresponsabilidad de todas las administraciones para mejorar las condiciones térmicas de los edificios. Para ello se han dirigido a los titulares de los Ministerios de Vivienda, Medio Ambiente, Industria y Economía, así como a los responsables de Medio Ambiente de los gobiernos autonómicos. En la comunicación incorporan una propuesta de aislamiento de edificios alternativa y más exigente que la contenida en el actual proyecto de Código Técnico de la Edificación (CTE), y recuerdan que su aprobación lleva más de dos años de retraso respecto a las previsiones legales contenidas en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación.

Las organizaciones firmantes calculan que esta propuesta permite un ahorro de la energía destinada a la climatización de viviendas (calefacción y refrigeración) de entre el 35% y el 40% del consumo actual, lo que reduce el consumo total de energía de las viviendas en un 24%; frente al 16,8% que supone el proyecto de CTE.

Retirar todos los vehículos de Madrid
La propuesta de estas organizaciones disminuye en un 4% el consumo energético nacional, cifra equivalente a la retirada de la circulación de todos los vehículos de la Comunidad de Madrid.

Como consecuencia del ahorro energético de las viviendas nuevas sólo por aislamiento (no se contemplan otras acciones como la rehabilitación en edificios existentes), las emisiones de CO2, en el período 2004-2012, se reducirían en 8,5 millones de toneladas (Mt), frente a las 5,3 Mt que supone el proyecto de CTE. De este modo, se intensificarían los esfuerzos por cumplir los objetivos establecidos en el protocolo de Kioto, con las consecuencias que de ello se derivan, de los que España, en 2002, era el país de la Unión que más se alejaba, casi 20 puntos según la Agencia Europea del Medio Ambiente.

Por su parte, la factura energética de una vivienda media se reduciría con la propuesta en 3.195 €, en un período de 30 años, frente a los 2.236 € que aporta el CTE. Junto a los beneficios, las organizaciones han evaluado el coste de esta propuesta situándolo alrededor de un 0,5% del coste de construcción de la vivienda; es decir, aproximadamente 270 €. En consecuencia, la inversión se amortiza en un plazo de 3 años.

Sobran argumentos
Las organizaciones mencionan en su comunicación a los responsables políticos que la longevidad de la actual norma NBE-CT 79 (25 años), el deterioro medioambiental, el protocolo de Kioto, el encarecimiento de los precios del petróleo, el grado de dependencia energética de España (80%), son factores que justifican una mayor exigencia de las condiciones térmicas de los edificios que la contemplada por el proyecto de CTE, cuyas previsiones, insuficientes en el contexto actual, nos alejan cada vez más de las normas de países de nuestro entorno, como Francia, que en 2005 modificará su norma del año 2000.

Las organizaciones firmantes recuerdan que, según las previsiones oficiales, la demanda energética de los edificios crecerá más de un 50% en el período 2000 – 2012, que desde 1991 hasta 2001 se han construido más de 3 millones de viviendas y que en el período 2000-2002 se han terminado casi 1,5 millones. A todo ello hay que añadir el incremento del equipamiento de los hogares, como los sistemas de refrigeración.

Todo ello da idea del número de viviendas que cada año llegan al mercado siendo muy deficientes en materia de aislamiento térmico e incide en la necesidad de incrementar los niveles de exigencia térmica en el sector de la edificación nueva.

Por último, las organizaciones solicitan a las administraciones públicas que intensifiquen sus acciones en la rehabilitación de fachadas de edificios existentes, ya que entre 1991-2001 tan sólo se han realizado 464.000. Si bien, consideran que el acceso a las ayudas públicas debe condicionarse a la incorporación de criterios de eficiencia energética del proyecto.

Más información:
Ladislao Martínez
www.ecologistasenaccion.org

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