Las ciudades y pueblos europeos adheridos a este pacto se han fijado como meta sobrepasar antes de 2020 los objetivos fijados por Europa para reducir las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de un 20% de la eficiencia energética y supliendo un 20% de la demanda energética con renovables. Casi cien ciudades de toda Europa, incluidas 15 capitales, han expresado su voluntad de unirse al proyecto.
Los gobiernos regionales y locales que hayan confirmado su participación en esta red permanente de intercambios de ideas y buenas prácticas deberán elaborar un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. También tendrán que presentar, en el plazo de un año a partir de la firma oficial del Pacto de los Alcaldes, un Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES); elaborar un plan de comunicación que permita promover las actividades en el PAES; mostrar a la ciudadanía las ventajas que brinda un uso más eficiente de la energía e informar a los medios locales sobre el desarrollo del Plan de Acción. Todos ellos estarán también obligados a realizar informes de seguimiento con fines de evaluación, seguimiento y control del programa.
Del estudio llevado a cabo por la consultora Creara en el municipio de Sant Llorenç des Cardassar se desprende que la implantación de medidas específicas de ahorro y eficiencia permitirán mejorar el rendimiento del sistema y mantener la calidad del servicio. El principal ahorro, tanto energético como económico (un 34%), vendría de la sustitución de lámparas de mercurio por lámparas de halogenuros metálicos.
El estudio contempla también la sustitución de los fluorescentes por otros de mayor eficiencia y una reducción en el nivel de iluminación en las horas de menor uso del alumbrado público mediante la incorporación de balastos de doble nivel.
Ahorros de 156.634 euros anuales
Una vez puestas en marcha estas medidas, el municipio podría llegar a ahorrar hasta 156.634 euros al año como consecuencia de la reducción del consumo de energía, que pasaría de 2.429.295 kWh a 1.248.590 KWh. Con esta bajada del gasto energético, el ayuntamiento podría disminuir en un 48,6% las emisiones contaminantes generadas por el alumbrado público y dejar de emitir cada año a la atmósfera algo más de 413 toneladas de CO2.
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