"Un hogar está en situación de pobreza energética cuando es incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía [calor, luz] suficiente como para satisfacer sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos para pagar esa factura energética doméstica". Lo dice la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), que lleva un lustro elaborando informes sobre pobreza energética en España y que es la referencia imprescindible aquí, en nuestro país, siempre que se aborda esta cuestión.
Originalmente -explican desde ACA-, la pobreza energética fue definida en el Reino Unido por Brenda Boardman a principios de la década de los noventa del siglo pasado como la “incapacidad [para un hogar] de obtener una cantidad adecuada de servicios de la energía por el 10% de la renta disponible”. Esta definición se ha vinculado posteriormente, también en el Reino Unido, a la satisfacción de un régimen térmico de la vivienda adecuado (21 grados centígrados o Celsius en la sala de estar y 18 grados Celsius en el resto de estancias). ACA considera sin embargo que, "aunque la noción de pobreza energética se asocia comúnmente al uso de energía para calefacción, otras demandas de energía (electrodomésticos, agua caliente, etcétera) también deben ser tenidas en cuenta". Esto es relevante -señalan desde ACA- de cara a incluir dentro del concepto de pobreza energética la incapacidad de un hogar de mantener la vivienda a una temperatura adecuada en verano (problema menos frecuente en Reino Unido que en España).
La muerte de Rosa Pitarch, mujer de 81 años que vivía en Reus (Tarragona) y que se encontraba en una situación económica límite (hasta el punto de que no pudo atender el pago de la electricidad de su vivienda, de apenas 50 metros cuadrados), ha desatado una oleada de indignación. Rosa dejó de pagar, Gas Natural cortó el suministro, la mujer se quedó sin electricidad, comenzó a usar velas y el resto es historia. Historia triste de un incendio por la noche, la huida precipitada de una mujer anciana, un tropiezo y el final: muerte por asfixia.
Probablemente habrá de pasar aún algún tiempo hasta que quien corresponda determine dónde están las responsabilidades en este caso: si en la Administración, que no prestó el auxilio social que se le supone, o en la compañía, que sí tomó una decisión -el corte de suministro- que ha sido sin duda el desencadenante de la sucesión de ítems que ha precedido a este fatal desenlace. Entre tanto, la Generalitat ha difundido una nota de prensa y una infografía en la que repasa la actividad que ha desarrollado en materia de pobreza energética a lo largo de los últimos años.
Resumimos la nota a continuación y publicamos, abajo, la infografía mencionada
La Generalitat de Cataluña aprobó en el año 2013, mediante un decreto ley, una modificación del Código de Consumo con el objetivo de imposibilitar la interrupción de los suministros básicos a los hogares en situación de vulnerabilidad. El Gobierno Rajoy presentó entonces un recurso de inconstitucionalidad y la dejó sin efecto.
Un año después, en 2014, el Parlamento tramitó, a propuesta del Govern, una modificación del Código de Consumo para restituir y ampliar la protección de los hogares vulnerables contra la pobreza energética. El Gobierno central volvió a presentar recurso de inconstitucionalidad y la dejó sin efecto.
El año pasado -año 2015-, el Govern inicia el despliegue de la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que establece un nuevo marco de protección de los hogares vulnerables y de relación entre las operadoras y los servicios sociales. A pesar del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno Rajoy, esta norma -informa la Generalitat- es hoy vigente.
Según los datos difundidos por el Govern de Catalunya, desde la entrada en vigor de la primera normativa, el diciembre de 2013, se han evitado 38.777 interrupciones de suministro a hogares en situación de vulnerabilidad económica. Hasta ahora -explican desde el Govern-, se han presentado 198 denuncias por incumplimiento de la normativa sobre pobreza energética. De estas, hay 119 propuestas de expedientes sancionadores, 115 expedientes incoados y 25 sanciones impuestas.
Cinco millones de euros
El Govern de la Generalitat destinó en 2015 cinco millones de euros (5 M€) a cancelar deudas de suministros básicos a hogares en situación de vulnerabilidad. 1,17 M€ fueron distribuidos de manera directa desde el departamento de Empresa y Conocimiento. 3,83 M€ se distribuyeron en ayuntamientos y consejos comarcales con ese fin, la lucha contra la pobreza energética. El Ejecutivo catalán ya ha anunciado que destinará en 2016 otros 5 M€ a esta partida a través del Departament de Benestar. Por lo demás, la Generalitat ha firmado convenios de lucha contra la pobreza energética con 20 distribuidoras de agua, que alcanzan 6,5 millones de personas, y sigue trabajando para firmar convenios con suministradoras de electricidad y de gas.
