De los 1.889 millones de euros, 1.389 millones de euros podrán traspasarse este año 2022 a las comunidades y ciudades autónomas para financiar la rehabilitación y regeneración de viviendas, barrios y edificios residenciales, mientras que los 500 millones de euros restantes se traspasarán a partir del año 2023 para levantar viviendas en alquiler social. El Ejecutivo busca así un objetivo muy concreto: "reducir un 30% el consumo de energía primaria no renovable de los hogares y mejorar el confort y la habitabilidad, promoviendo, por ejemplo, el cambio de ventanas, el despliegue de sistemas de calefacción alimentados con energías renovables, o la renovación de sistemas de calefacción y de refrigeración obsoletos". La distribución territorial y los criterios de reparto autorizados por el Consejo de Ministros deberán someterse a la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo. Las subvenciones están incluidas en el Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR): "Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana".
Más necesario que nunca
Según explica el Ejecutivo, el "pilar fundamental" del Plan de Recuperación es "la transformación de nuestro modelo económico y del conjunto de la sociedad bajo el signo de la sostenibilidad". Ese objetivo, que el Gobierno considera "imprescindible para combatir el cambio climático que nos amenaza", queda ahora más reforzado, si cabe, "plenamente justificado y más necesario que nunca con la guerra desatada por Rusia en Ucrania". Según el Ejecutivo, reducir la huella de carbono y el consumo es "vital, además de para luchar contra el cambio climático, para disminuir nuestra dependencia energética".
Bajo estas líneas, a la derecha, la Distribución de fondos, por territorios. Los fondos se distribuirán entre las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla en proporción al número de hogares, según los últimos datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La distribución territorial de estos 1.889 millones de euros se sumará a los 1.151 millones de euros del programa de rehabilitación residencial transferidos en 2021 por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y a los 500 millones del programa de vivienda social traspasados en 2022. Todo ello, según la distribución acordada en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo del 21 de julio de 2021.
Con el acuerdo de Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana moviliza 3.540 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para que las comunidades y ciudades autónomas financien las actuaciones encaminadas a la regeneración de los entornos residenciales y aumento del parque de vivienda pública, lo que supone el 89,1% de los recursos a transferir en el marco de ambos programas de inversión. Así, y según fuentes ministeriales, en 2023 se podrá transferir el 100% de los fondos destinados a la construcción de hasta 20.000 viviendas en alquiler social y este año, el 85,5% de las ayudas dirigidas a rehabilitación. El año que viene se prevé la distribución de los 430 millones de euros restantes.
En este punto, el Gobierno recuerda que el programa de rehabilitación residencial cuenta con 450 millones de euros para financiar bonificaciones fiscales a la rehabilitación de viviendas, lo que da un total de 3.420 millones de euros.
El Gobierno explica
«Con este nuevo reparto de recursos, nuestro país se asegura el cumplimiento de los compromisos en el impulso de la rehabilitación edificatoria, tanto en el marco de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España, como del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030»
«En el ámbito de la vivienda social, la aplicación de recursos del PRTR posibilitará la construcción de 20.000 nuevas viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, lo que constituye una oportunidad para que las administraciones territoriales amplíen su parque de vivienda social, un instrumento esencial para la aplicación de políticas públicas en favor del derecho a una vivienda digna y adecuada consagrado en la Constitución Española, todo ello, en el contexto de la tramitación parlamentaria de la primera ley estatal por el derecho a la vivienda de nuestra democracia»
Según el Ejecutivo, junto con la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del PRTR, las nuevas medidas refuerzan las oportunidades para impulsar la rehabilitación y mejora de viviendas y edificios residenciales, "a través de diferentes medidas e instrumentos que no tienen precedentes en cuanto a la cuantía e intensidades de ayuda, y que hacen especialmente atractivas tales actuaciones".
El objetivo último de todas estas iniciativas es, según el Gobierno, "mejorar la calidad de vida y el confort de las viviendas, asegurar la máxima calidad de los edificios y contribuir a fortalecer un sector clave de la economía española en términos de actividad y empleo, con un enorme potencial de crecimiento".
