El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha presentado hoy los veinte Planes de Acción junto al coordinador de la iniciativa, Raúl García Brink, y representantes de estos municipios, que suponen el 60% de las emisiones de Gran Canaria y a los que próximamente se sumará la capital de Gran Canaria con el diagnóstico concreto de su situación y la definición de las medidas correspondientes. Según el Cabildo, para que el plan alcance el éxito deseado, "una vez más, la implicación ciudadana será clave, pues un pilar para lograr el objetivo será el ahorro, toda vez que el 20% de la electricidad en viviendas se usa innecesariamente, ilumina habitaciones vacías y carga electrodomésticos no usados". Gran Canaria es uno de los territorios estatales más comprometidos contra el cambio climático -ha dicho Morales- y “no podemos permitirnos ser energéticamente ineficientes”.
La veintena de hojas de ruta presentada hoy ha precisado el trabajo durante más de un año de otros tantos ingenieros contratados por el Cabildo y prevé elevar hasta el 27% la penetración de las energías renovables e incrementar casi un tercio la eficiencia energética, todo ello con medidas adaptadas a la realidad de cada municipio fruto de un diagnóstico previo.
El Cabildo ha invertido 600.000 euros en su redacción y liderará también la búsqueda de fondos europeos para completar las aportaciones de las administraciones locales, regional y estatal para ejecutar las medidas, tarea que compaginará con la redacción de la Estrategia Insular de Adaptación al Cambio Climático, que aportará la visión global sobre el territorio.
El diagnóstico para elaborar los Planes refleja que el vehículo privado es responsable de una tercera parte de las emisiones en Gran Canaria seguido del parque residencial con más del 25% del total y de la actividad comercial y hotelera con el 20%.
También deja un retrato que revela que el 75% de las emisiones están concentradas en Las Palmas de Gran Canaria con casi el 40 del total-, San Bartolomé de Tirajana, Telde, Santa Lucía y Mogán, mientras que Guía, San Mateo, Agaete, La Aldea, Firgas y Moya suponen apenas al 1%, porcentaje al que no llegan en Tejeda, Artenara y Valleseco.
Dos ejes: mitigar el calentamiento y afrontar los efectos ya inevitables
Los Planes tienen dos ejes, pues incluyen por un lado acciones de mitigación de las emisiones en nueve áreas que precisan cerca de 138 millones de euros y, por otro, medidas de adaptación a los efectos del calentamiento ya presentes y los futuros por valor 40 millones de euros distribuidos en 13 ámbitos de actuación.
La partida de mayor cuantía de las acciones de mitigación contempla 44 millones para mejorar la eficiencia energética en instalaciones municipales con medidas que engloban el alumbrado público, el ciclo del agua y la instalación de energía solar térmica, mientras que la segunda prevé 38 millones para fomentar el transporte público, los aparcamientos disuasorios en la periferia urbana, el desplazamiento peatonal entre núcleos de población y la extensión de la red de puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Le siguen 29 millones para promover la producción de electricidad con energía solar fotovoltaica y el uso de redes inteligentes en viviendas y también en instalaciones municipales, y también contempla la necesidad de invertir 20 millones en los hogares con el objetivo de instalar energía solar térmica, bonificar el IBI a las edificaciones eficientes y realizar campañas de sensibilización ciudadana.
Asimismo, las acciones de mitigación centradas en la actualización de la normativa y la gestión medioambiental precisarán de 3,5 millones y la reducción de la huella de carbono en la gestión de los residuos de otros 2,4 millones, mientras que los sistemas de climatización en equipamientos municipales tendrán un coste estimado de 450.000 euros, además de otros 118.000 euros para promover la energía solar térmica y las campañas de concienciación en este caso destinadas al comercio, hoteles y sector industrial.
En cuanto a las acciones de adaptación al cambio climático, actuarán en trece frentes, uno de ellos el agua con 17 millones para medidas para proteger las redes de producción y distribución ante el recrudecimiento de los fenómenos meteorológicos, 8 millones para reforzar la protección de las carreteras ante desprendimientos, riadas y otras eventualidades, 6 millones para actualizar la planificación territorial en función de los mapas de riesgo por el cambio climático en cada municipio y 3 millones para salvaguardar las infraestructuras energéticas y contar con redes alternativas en caso de emergencia.
Además, las acciones de adaptación prevén 2 millones para actualizar las redes informáticas y de comunicación para asegurar su operatividad en cualquier circunstancia y 900.000 euros para potenciar los recursos de protección civil y emergencias y formar al personal.
Los 3 millones restantes se distribuyen entre la recuperación de espacios agrarios abandonados, los planes de protección de las áreas naturales, garantizar en todo momento la gestión residuos, la detección de patologías sanitarias entre la población relacionadas con el calentamiento global, la implantación de programas de gestión ambiental y de riesgos en los establecimientos turísticos, la posible reubicación de edificios por la subida del mar u otros riesgos y los programas para formar a la población ante esta realidad ante la que también se debe preparar.
