La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha remitido un documento al Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el que el gobierno andaluz plantea al Ejecutivo Central una serie de observaciones relativas a la propuesta de "Orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2015". La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, obliga en su artículo siete (7) a los estados miembros a un cumplimiento de ahorro energético mínimo durante el período 2014-2020, que, para el caso de España, es de 15.979 kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep) de ahorro acumulado en todo el periodo. Para cumplir con este objetivo de ahorro energético, el Gobierno de España elaboró la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, mediante la que se articula la creación de un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética (gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía, IDAE), según el cual se asigna a las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos petrolíferos al por mayor, y a los operadores de gases licuados de petróleo, una cuota anual de ahorro energético de ámbito nacional, denominada “obligaciones de ahorro”, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.
Objetivos
Estas obligaciones -explica la Junta- se traducen en que estas empresas, para alcanzar su objetivo de ahorro energético, deben contribuir al Fondo Nacional de Eficiencia Energética por el importe resultante de multiplicar su obligación de ahorro anual por la equivalencia financiera que se establezca, y/o realizar actuaciones directas de mejora de la eficiencia energética, acreditadas con el correspondiente Certificado de Ahorro Energético (CAE), equivalentes a dicha cuantía, que todavía no ha sido puesto en marcha por el Ejecutivo Rajoy, por lo que ni siguiera resulta una alternativa para estas empresas, según denuncia la Junta. Para 2015, el Estado ha establecido un objetivo de ahorro agregado de 262 ktep/3.046,51 GWh, y ha determinado la equivalencia financiera por unidad de ahorro en 789,7 euros/tep.
Por tanto -continúa la Junta-, la inversión financiera total que corresponde a 2015 es de 207 millones de euros (M€) que, con los ajustes de 2014, asciende a 255 M€. En Andalucía, según estimaciones de la Junta, esto se traduciría en que las comercializadoras que operan en la región deben contribuir, en lo que respecta a sus ventas en la región, con 36,3 M€ y 46,1 ktep a este Fondo. La Junta solicita al Gobierno "que se vincule claramente esta contribución con el cumplimiento del objetivo vinculante de ahorro de energía final a 2020 (15.979 ktep para toda España) y pide una mayor claridad y transparencia sobre su finalidad, indicando las medidas específicas que se desarrollarán con esta contribución y donde se garantice un reparto equitativo y coherente entre los territorios".
Criterios
En este sentido, el gobierno andaluz requiere "que se indiquen cuáles son los criterios de distribución territorial de la aplicación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2015, así como su impacto en términos energéticos y medioambientales, económicos, territoriales y sectoriales". Alega la Junta que si las ventas de energía de las empresas con obligación son el criterio para dotar económicamente el Fondo, el peso de las mismas en cada comunidad autónoma "tendría que tenerse en cuenta en el reparto territorial, entre otros criterios, contribuyendo así una asignación equilibrada del Fondo". Otro de los aspectos que reclama el gobierno de Andalucía es "la necesidad de cumplir con la Directiva europea en relación con el sistema de CAE que, aun siendo un mecanismo prioritario frente al Fondo para que las empresas puedan dar cumplimiento a sus obligaciones de ahorro, mediante la promoción directa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética, todavía no ha sido puesto en marcha por el gobierno central".
Por último, la Junta vuelve a pedir al Gobierno que considere la participación de las comunidades tanto en el reparto y coordinación de actuaciones, como de los fondos (Fondo Nacional de Eficiencia Energética, fondos Feder, etcétera), ya que en su territorio y sobre sus ciudadanos y empresas se llevan a cabo las actuaciones de comercialización y operaciones de venta al por mayor de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo. También recuerda, y así lo ha reconocido el propio Gobierno Central en su Plan Nacional de Ahorro y eficiencia Energética 2014-2020, que "la participación de las comunidades en la ejecución de los anteriores planes de ahorro entre los años 2010 a 2013 fue mucho más fructífera que cuando cesó dicha colaboración, obteniéndose el 70% del ahorro de energía primaria en todo el periodo, frente al 30% restante alcanzado por el IDAE sin la participación de las comunidades".
