A3e ha realizado un análisis centrado en la transposición del capítulo II de la directiva, que versa sobre auditorías energéticas. La asociación cuantifica en 1.000 millones de € los ahorros “perdidos”, en 60 millones de € los ingresos fiscales que la Administración dejará de ingresar, y en 200 millones de € la facturación que no realizarán las empresas que trabajan en el sector de la eficiencia energética. “Todo ello debido a una transposición que se aleja del espíritu de la Directiva, al permitir que las auditorías energéticas las puedan realizar personal interno de la empresa, y sustituir parcialmente la auditoría energética por certificaciones energéticas de edificios”, mantiene A3e.
La asociación presentó estas negativas conclusiones en el transcurso de una jornada técnica celebrada en Genera la semana pasada en Madrid y organizada conjuntamente con la Asociacion de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energeticos (AMI) y la Asociación de Empresas de Redes de Calor y Frío (ADHAC). A la jornada asistieron más de 150 personas y representantes del propio Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el organismo encargado de redactar el Real Decreto que deberá publicarse antes del 5 de junio, y que transpone la parte de la Directiva 27/2012/UE relativa a las auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia energética y contabilización de consumos energéticos.
El análisis realizado por A3e compara el escenario de una transposición “literal” con el escenario “descafeinado” que, afirma, vamos a tener tras la publicación del real decreto. Y lo hace comparando dos aspectos fundamentales: que las auditorías energéticas puedan (o no) ser sustituidas parcialmente por certificaciones energéticas de edificios, y que puedan (o no) ser realizadas por técnicos de la propia empresa.
Según expuso Rodrigo Morel, del consejo directivo de la asociación, no existe justificación alguna para no ser fiel al espíritu de la directiva, ya que nadie sale ganando. “La Administración, por tratar de evitar unos pequeños costes a las grandes empresas, (cuantificados en 200 millones de €, que se recuperarían en un año implantando solo medidas de ahorro sin costes), deja escapar una oportunidad que generaría ventajas muy superiores para todos, incluidas las propias grandes empresas”, asegura A3e.
La jornada fue presentada y moderada por Manuel Sayagués, presidente de A3e y contó también con la participación de Victor Valverde, en representación de la Subdirección General de Planificación Energética y Seguimiento de Minetur, Javier Sigüenza, Secretario General de AMI, y David Serrano miembro de la Junta Directiva de ADHAC.
En su intervención, Valverde explicó “la compleja labor” desarrollada para transponer esta directiva, y los criterios que justificaban algunas de las disposiciones que establecerá el real decreto. Comentó, asimismo, el calendario de trabajo que se ha seguido para poder cumplir con los objetivos marcados y resaltó que España acaba de enviar el Plan Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética 2014-2020 a la Comisión Europea.
