La resolución del IDAE, de la que informa Efe, modifica una anterior de hace un año, con el objetivo de ampliar el alcance de las ayudas, simplificar la gestión y sumar nuevos fondos europeos. Las ayudas se destinarán a actuaciones integrales en edificios existentes de cualquier uso (vivienda, administrativo, sanitario, docente, cultural, etc.), quedando excluidas las obras de nueva planta. Van dirigidas, en concreto, a actuaciones que reduzcan las emisiones de CO2, mediante el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las renovables en edificios existentes, con independencia de su uso y naturaleza jurídica de sus titulares.
Estas actuaciones deberán encuadrarse en una o varias de las tipologías siguientes: mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica; de las instalaciones térmicas y de iluminación; sustitución de energía convencional por biomasa o energía geotérmica en las instalaciones térmicas.
Podrán ser beneficiarios los propietarios de edificios destinados a cualquier uso; las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de edificios residenciales; los dueños que de forma agrupada sean propietarios de edificios; las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios; y las empresas de servicios energéticos.
La actuación responde a lo marcado en la directiva europea sobre Eficiencia Energética, que obliga a los Estados miembros a diseñar una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la renovación exhaustiva y rentable de edificios residenciales y comerciales con el fin de elevar el rendimiento energético del parque inmobiliario y reducir su consumo de energía. En el caso de que existan disponibilidades presupuestarias, el IDAE ha anunciado que el presupuesto de los 200 millones podría ampliarse.