La pandemia causada por la Covid-19 nos ha hecho ser más conscientes que nunca de las condiciones de los hogares en los que vivimos. Éstas son especialmente relevantes para aquellas personas que tienen dificultades cada mes para pagar sus facturas energéticas. En 2019, un 16,7% de los hogares tenían un gasto energético desproporcionado en relación a sus ingresos, y un 7,6% de la población tuvo problemas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno, lo cual se traduce en hasta 7.100 muertes al año, según señalan desde la nueva organización. Además, los edificios consumen una tercera parte de la energía de nuestro país y son responsables del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
En este contexto, la rehabilitación de viviendas es una de las soluciones más efectivas para garantizar un hogar digno que reúna las condiciones de habitabilidad, accesibilidad, confort, salud y eficiencia energética. Sin embargo, de acuerdo con la Alianza, los planes desarrollados hasta el momento han excluido a las familias en situación de vulnerabilidad debido a que establecen unos requisitos que suponen barreras de acceso para este colectivo. Por ejemplo, se exige la propiedad de la vivienda o la financiación previa de las obras. Estos programas tampoco han contribuido a mejorar la asequibilidad de las viviendas rehabilitadas y el acceso a las mismas.
"Nos encontramos en un momento crucial para revertir esta situación e impulsar una transformación justa y social del parque de viviendas. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o el anteproyecto de Ley de Vivienda establecen medidas y partidas concretas para estimular la rehabilitación de los edificios. Por lo tanto, es el momento de establecer las bases para que estos planes y ayudas para la mejora de las condiciones y la eficiencia energética de los hogares prioricen a las personas con menos recursos, sirviendo como palanca de cambio que reduzca las desigualdades sociales", señalan.
La nueva plataforma está constituida por organizaciones ambientales, sociales, familiares, académicas, investigadoras, gestores de vivienda pública y sindicatos. Se trata de una iniciativa que surge para acelerar la rehabilitación integral y profunda de viviendas como una medida esencial para hacer frente a la pobreza energética y el cambio climático, impulsar la generación de empleo verde y garantizar el derecho a una vivienda digna, eficiente energéticamente, saludable, accesible y asequible. Ello contribuirá a la descarbonización del parque de edificios y al avance hacia una transición energética justa.
Hasta el momento, son 15 las entidades que se han adherido a la plataforma: ABD- Asociación Bienestar y Desarrollo, ACA- Asociación de Ciencias Ambientales, AVS- Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, CS CCOO- Confederación Sindical de CCOO, CCOO del Hábitat, Ecodes, Ecoserveis, Enginyeria Sense Fronteres, ETSAM - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, Fundació Habitat 3, Fundación Isadora Duncan, Fundación Renovables, ISTAS, Observatorio Ciudad 3R y Provivienda.
