El último incidente mortal ocurrido a una anciana en Reus (Tarragona), consecuencia de un incendio provocado por la utilización de una vela, ya que la distribuidora le había cortado el suministro eléctrico al no poder pagar los suministros básicos, ha suscitado un enfrentamiento entre el ayuntamiento y la distribuidora eléctrica, para echarse la culpa de este accidente, consecuencia directa de la llamada pobreza energética.
Es notorio que, aunque no lo veamos o los afectados no lo digan por pudor, la pobreza energética sigue siendo una realidad que afecta a una proporción significativa de hogares en España, ya que según la Asociación de Ciencias Ambientales, existe un 11% de hogares españoles incapaces de mantener la vivienda a una temperatura adecuada en la estación fría (5,1 millones de habitantes), y un 8% de hogares no tiene más remedio que retrasarse en el pago de las facturas energéticas (4,2 millones de habitantes). Por lo tanto es un problema más que evidente, y las administraciones deben de tomar cartas en el asunto.
En este caso concreto, debemos tener en cuenta que las instituciones catalanas ya aprobaron dos normativas respecto a la pobreza energética con el objetivo de evitar los cortes de suministros básicos. Pero aunque hay un protocolo que las administraciones deben seguir para que no se produzcan cortes, en este caso falló. Según la ley corresponde a las administraciones garantizar los suministros, y las empresas suministradoras deben avisar mediante la reclamación del informe de servicios sociales municipales, cuando se encuentren ante un impago, ya que sin él no pueden efectuar el cese del servicio. Según el espíritu con el que la ley fue elaborada, dicho informe sería vinculante y, de certificarse el riesgo de pobreza de la familia, serían las compañías las encargadas de seguir suministrando luz, agua o gas, a cuenta de la Administración, ya que parece que nadie puede obligar a las compañías a seguir prestando un suministro que no se paga.
Discusiones aparte, lo que está claro es que la pobreza energética ya es un problema nacional, y que además puede causar muertes. Por ello las administraciones deben de darle una solución urgente a nivel nacional además de las ya citadas iniciativas autonómicas, con la realización de un proceso en el que se implique a todos los agentes, con un debate social y una voluntad política para que puedan darle una solución efectiva, bajo los diferentes puntos de vista, identificando a los consumidores vulnerables, con la aplicación efectiva de un bono social, que favorezca a los hogares vulnerables, sin beneficiar a los hogares no vulnerables, evitando por lo tanto cortes de suministro que puedan poner en peligro el bienestar y en algunos casos la seguridad física de las personas como consecuencia de estar afectados por este concepto definido como pobreza energética, estableciendo ayudas al pago de suministros, con cargo a los presupuestos generales del Estado. Esperemos que este problema sea uno de los que se solucionen cuanto antes en esta nueva legislatura.
