Con el inicio del curso político en septiembre, se retoman en España una serie de problemas políticos y no políticos que tenemos latentes y que no debemos olvidar. Quizás la inmediatez de algunos de los problemas (territoriales, económicos, laborales…), nos hacen perder de vista o aplazar aquellos que requieren una temporalidad.
Uno de esos importantísimos problemas es la transición energética, con un Grupo de Trabajo Interministerial creado en marzo, para la elaboración de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y una recién nombrada Comisión de Expertos compuesta por personas de reconocido prestigio, que en seis meses debe elaborar un informe sobre lo que opinan sobre esa transición, y cuyos resultados deben ser presentados al ya citado Grupo de Trabajo Interministerial, que a su vez deberá informar de sus resultados al Ministerio y al Gobierno. Muy complicado. De sobra es conocido que si quieres perder el tiempo, lo mejor es crear una comisión. Esperemos que este no sea el objetivo final.
Estamos en un país dividido, no solo políticamente hablando, sino también energéticamente hablando, ya que en el caso de la transición energética, está demostrado que existe una bipolarización de las soluciones a utilizar. Incluso dentro de las instituciones (sociales, empresariales, asociativas, profesionales, sindicales…) a las que no se les ha dado ni voz ni voto, hay desacuerdos en la materia.
Yo estoy en una de esas instituciones, en la que estamos intentado elaborar unas conclusiones, y la polarización es notoria ya que sigue existiendo esa tendencia a continuar en la senda de los últimos decenios, con combustibles fósiles y con nuclear. Porque si no se hace, dicen, va a venir el lobo y va a subir el precio de la electricidad.
Otra tendencia apuesta seriamente por las energías renovables, por la descarbonización y por el aterrizaje suave de la energía nuclear, sin forzar mucho la continuidad de las mismas más allá de lo estrictamente necesario y seguro, ya que estamos hablando de un futuro a 2050, año en el que sí sería posible una transformación total. El cierre de las nucleares es simplemente una cuestión de tiempo, con o sin prorrogas. Además, hay que seguir con la descarbonización, que conllevaran la desaparición de las centrales de carbón; a menos que se avance espectacularmente en la mejora de emisiones en dichas centrales.
Tenemos unos objetivos muy claros, marcados por el Acuerdo de París (COP21) y está el Paquete de Energía y Cambio Climático 2013-2020 de la Unión Europea, el Marco 2030, adoptado en 2014 para dar continuidad al anterior, y la Hoja de Ruta 2050, presentada en 2011, que estableció que en 2050 la UE deberá reducir sus emisiones entre un 80% y un 95% por debajo de los niveles de 1990, a través de reducciones en su ámbito geográfico.
También está claro que una buena política energética debe reflejar un acuerdo político a largo plazo que permita a los agentes del mercado tomar decisiones de inversión al tiempo que mantiene el equilibrio entre seguridad de suministro, competitividad y medio ambiente, para que las decisiones no afecten a nuestra economía. Todo esto va a ser difícil de implementar, sin afectar a algunos sectores que históricamente han capitaneado la energía de este país. Pero pienso que ya hemos llegado al momento de las grandes decisiones. Ahora, las recomendaciones sobre política energética española deben estar totalmente en línea con los grandes objetivos. Una política que permita a los agentes del mercado tomar decisiones de inversión, aprovechando una mayor penetración del vector eléctrico en la demanda de energía final, particularmente en el sector transporte y en la movilidad sostenible.
También hay que evitar el riesgo de eventuales interrupciones en el suministro de energía y sus efectos sobre los costes para las empresas y la sociedad, en caso de cambios drásticos a corto plazo en la matriz de generación actual, pero siguiendo una hoja de ruta que contemple el necesario cierre del parque nuclear y las centrales de carbón nacional, ya que, como hemos dicho, es simplemente una cuestión de tiempo y, evidentemente, de seguridad.
Debemos mejorar la gestión de la demanda, incluyendo solo los acuerdos de interrumpibilidad realmente necesarios, incidiendo en el ahorro y la eficiencia energética y la mejora de la intensidad energética.
También hay que aprovechar las buenas relaciones políticas con nuestros vecinos franceses para incrementar las interconexiones eléctricas con Francia de una vez, ya que es imprescindible para la penetración de las energías renovables.
Se deben eliminar de la tarifa eléctrica los conceptos políticos y pasarlos a los presupuestos generales del Estado lo más rápidamente posible, para mejorar la competitividad de nuestras empresas, realizando una revisión del mercado mayorista español de electricidad, para alcanzar así los objetivos de competitividad y bienestar social, al tiempo que se proporciona la tan ansiada seguridad jurídica a largo plazo que permita tomar decisiones de inversión con una base fiable de coste-beneficio. Solo así se conseguirán potenciar las inversiones en energías renovables y almacenamiento.
Se debe potenciar el desarrollo del autoconsumo, imponiendo solo los trámites necesarios, simplificándolos e imponiendo pagos y condiciones técnicas justas y necesarias, para el uso de la red de distribución, ya que hasta ahora solo se ha intentado bloquear su desarrollo ordenado, impidiendo su rentabilidad y la adopción de la modalidad de balance neto y de generación compartida.
Se deben auditar los costes de las tecnologías actuales y futuras, incluyendo los de almacenamiento con bombeo y baterías para suplir las necesidades que no se puedan cubrir con las interconexiones. Todo ello sin olvidar que la elevada necesidad de nueva potencia renovable, aunque requiera un aumento de capacidad de respaldo y flexibilidad que, transitoriamente podrá ser proporcionada por el parque térmico, nuclear e hidráulico actual, no nos debe hacer perder de vista los objetivos finales.
Esa capacidad firme deberá ser complementada y sustituida, cuando los costes y el desarrollo tecnológico lo vayan permitiendo, por otras opciones de capacidad firme y flexible, con las interconexiones internacionales, la construcción o repotenciación de centrales de bombeo, la gestión de la demanda, las nuevas tecnologías de almacenamiento y, en caso necesario, por la construcción de nuevas centrales de gas.
También será muy importante disminuir el volumen de emisiones, priorizando aquellas medidas que actúan sobre las principales fuentes de emisiones de GEI, como la electrificación del transporte ligero, descarbonizando también el transporte pesado por carretera, electrificando y gasificando los sectores industrial, residencial y de servicios.
Por lo tanto tenemos una cantidad ingente de trabajo en lo referente a la transición energética, en el que debemos esperar que todos los temas apuntados, y otros muchos, deban de ser tratados con acierto, si queremos que nuestra competitividad mejore.
