El proyecto 'PIMA (Plan de Impulso al Medio Ambiente) Adapta Costas', iniciativa del Gobierno de Canarias, recoge con detalle las consecuencias que podría tener el cambio climático en los entornos costeros de las islas en caso de no tomarse ninguna medida por parte de las instituciones públicas frente a este fenómeno en los próximos años. "Este estudio arroja datos tan alarmantes como la probabilidad de que en la segunda mitad de este siglo pueda desaparecer el 50% de las playas de Canarias; que se tengan que replantear infraestructuras básicas como aeropuertos y carreteras; o que el 10% de la población del archipiélago tendrá que ser reubicada por la subida del nivel del mar que experimentaremos en los próximos años", ha asegurado el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, durante la presentación del estudio en la Cumbre del Clima COP 27 de Sharm el-Sheij (Egipto).
Otros datos que refleja son que las pérdidas económicas directas estimadas asociadas tanto a los procesos erosivos como a las inundaciones costeras derivadas del cambio climático pueden alcanzar un 11% del PIB actual en el peor escenario posible para el año 2100. El PIMA Adapta fue puesto en marcha en 2016 con el objetivo de estimar los efectos del cambio climático en el ámbito de las zonas costeras mediante la determinación del riesgo sobre los sistemas socioeconómico y natural.
"Las corporaciones locales tienen una responsabilidad fundamental en todo este proceso y va a ser necesaria una seria reflexión sobre la ordenación de nuestros espacios costeros, por ello consideramos importante que los responsables técnicos y políticos sepan a qué nos enfrentamos en caso de no implicarnos en esta lucha, aunque sepamos que algunas medidas no sean del agrado de todo el mudo", ha añadido Valbuena. En este sentido, la futura Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica de Canarias tendrá un papel fundamental, ya que priorizará la variable climática en los procesos de ordenación territorial. Toda la información de este estudio, encomendado por la Consejería a su empresa pública Grafcan, se encuentra disponible aquí. La iniciativa ha contado con la asistencia de cuadros técnicos y científicos propios, así como del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
