La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP 26) está marcada por la gran distancia existente entre la trayectoria del aumento de la temperatura del planeta y la de los compromisos nacionales adoptados por los gobiernos para cumplir el Acuerdo del Clima de París de 2015.
La Unión Europea ha aprobado un incremento del objetivo de reducción de emisiones hasta el 55% en 2030 y ha propuesto el paquete “Fit for 55” para fijar un precio al CO2. El Gobierno de España ha sido el primero de la democracia en proponer la modificación de la conformación de precios del mercado mayorista para desconectarla del recibo de la luz. Las advertencias de la ONU han confirmado el carácter irreversible de los impactos del cambio climático debidos a la acción del hombre.
Estos tres hechos tienen en común que cuestionan la viabilidad de los mercados energéticos basados en las energías convencionales a gran escala y en el modelo energético gestionado de forma centralizada y sin competencia.
La electricidad se ha encarecido en todos los países de la OCDE, pero en España se ha transformado en causa política. Se ha pretendido culpar de la subida de la luz al “ultraecologismo” del Gobierno y han vuelto a aparecer, las críticas a las energías renovables y la defensa del gas fósil y de las nucleares. Todo indica que el paquete “Fit for 55” dará lugar a un gran debate en Europa y que en España desmontar la regulación que ampara la posición de dominio del cártel eléctrico y sustituirla por la figura del cliente activo no va a ser fácil.
No se trata tanto de los objetivos y medidas para descarbonizar la economía como del modelo energético para conseguirlo. Es un debate europeo y nacional que hay que afrontar con rigor, ya que viene determinado por el cumplimiento de las directivas europeas de renovables, eficiencia energética y mercado interior de la electricidad, que son el instrumento que obliga a los gobiernos europeos a abordar una respuesta radical y coherente a la emergencia climática declarada por el Parlamento Europeo y por el Congreso de los Diputados.
El cambio climático hace económicamente inviable el mercado eléctrico tal y como está diseñado; por el contrario, la flexibilidad, la descarbonización y el abaratamiento de la energía que aportan los recursos energéticos distribuidos no la puede ofrecer la generación centralizada. Es la propuesta que desarrollan las directivas europeas que otorgan al cliente activo el poder de mercado para convertirse en el consumidor cero emisiones.
• En el Informe IPM Una política energética coherente con la emergencia climática, editado por IMEDIA Comunicación, Javier García Breva analiza los dilemas que han de afrontarse para superar el retraso en la acción contra el cambio climático. Las propuestas sobre una economía de la huella de carbono, abrir la competencia a millones de consumidores y convertir cada centro de consumo en una central eléctrica resumen el cambio profundo que plantea Javier García Breva en la política energética.
