Respaldada por hasta 850 colectivos y entidades, la Cumbre Social por el Clima se está construyendo en Madrid gracias a la cesión de espacios gratuitos, sobre todo de la Universidad Complutense de Madrid y del Espacio de Convergencia cedido por el sindicato UGT. Sus gastos se están sufragando con donaciones de muchas organizaciones que están contribuyendo a una caja común. "Aquí no contribuye Endesa", decía Pablo Chamorro el miércoles, en la rueda de prensa de la presentación de la Marcha. Chamorro comparecía ante los medios en compañía de Ángela Valenzuela (portavoz de Fridays for Future, Santiago de Chile); Javier Andaluz (portavoz de las negociaciones en la Zona Azul de la COP25); Juan Antonio Correa (mapuche lafkenche, coordinador de Minga Indígena, Chile); y Estefanía González (portavoz de Sociedad Civil por la Acción Climática Chile).
"Más de 200 chilenos han perdido sus ojos", denunciaba Estefanía en esa rueda de prensa mientras se tapaba un ojo. "Queremos que no se invisibilice lo que ocurre en la sociedad latinoamericana con el traslado de la cumbre a Madrid. El mundo está despertando y, como sociedad civil, no vamos a parar hasta ver acciones concretas y derechos que tienen que ver con nuestra vida. La acción climática se traduce con equidad social". La intervención de la portavoz de Sociedad Civil por la Acción Climática Chile resumía y resume la Cumbre Social por el Clima, una cumbre alternativa que asocia íntima e indisolublemente. Energías Renovables reproduce a continuación, íntegramente, el Manifiesto de la Marcha por el Clima, que partirá esta tarde, a las 18.00 horas, de la Estación de Atocha, para desembocar en el Ministerio para la Transición Ecológica. Hoy es viernes, más de 200 chilenos han perdido sus ojos, y sí hay futuro.
Manifiesto 6D. El mundo despertó ante la emergencia climática
«El pasado septiembre salieron a la calle millones de personas demandando el derecho a un presente y futuro digno, sin dejar a nadie atrás. Miles de municipios acogieron manifestaciones impulsadas por una juventud movilizada por el clima que exigían que, frente a la emergencia climática, son necesarias medidas capaces de atacar un sistema que genera una creciente e inaceptable degradación social y ambiental.
Después de la renuncia de Brasil a presidir la COP25, acompañada de políticas anti climáticas que han llevado a la mayor deforestación de la selva amazónica en los últimos años, las decisiones del gobierno chileno de Sebastián Piñera de cancelar la celebración de la COP25 en Chile –ignorando a los movimientos sociales chilenos y del resto de América Latina y su trabajo previo de meses– y del gobierno en funciones de Pedro Sánchez de acoger el evento, sitúan a Madrid como el altavoz de las personas que ya están sufriendo las consecuencias de la crisis climática y aquellas que las sufrirán en las próximas décadas.
Condenamos de forma tajante y sin tapujos la violación de Derechos Humanos en Chile y exigimos su cese. La represión contra el pueblo chileno por parte de su gobierno es un ataque a la democracia y a la lucha por la justicia social y ambiental. Hacemos esta condena extensible al resto de zonas del mundo donde se están produciendo los mismos o parecidos procesos.
El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado el pasado agosto, señala que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de todos los sectores es el único modo de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5°C. La comunidad científica alerta del deterioro de un gran número de ecosistemas, tanto terrestres como marinos, así como del punto de no retorno frente al cambio climático. Los recientes informes sobre el estado de la biodiversidad del IPBES (Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos) señalan que alrededor de un millón de especies entre animales y plantas se encuentran al borde de la extinción como consecuencia de las actividades humanas. Asimismo, No responder con suficiente rapidez y contundencia a la emergencia climática, ecológica y social supondrá la muerte, el desplazamiento y el aumento de la pobreza extrema para millones de personas, además de la extinción de muchas especies e, incluso, de ecosistemas completos. La realidad es que las emisiones siguen incrementándose a nivel global mientras que la falta de ambición de los estados condena al planeta a un calentamiento muy superior a 1,5ºC.
El próximo año debería empezar a aplicarse el Acuerdo de París. Sin embargo, muchas de las cuestiones claves siguen bloqueadas o sin resolverse. La COP25, además de cerrar las normas sobre contabilidad y presentación de los compromisos, el conocido como libro de reglas, debería suponer un avance claro en la provisión de fondos suficientes e importantes mejoras en instrumentos como el Fondo Verde para el Clima o el Mecanismo de Varsovia para las pérdidas y daños, unas herramientas fundamentales para paliar las peores consecuencias que ya ha provocado y provocará la continua quema de combustibles fósiles.
Es inadmisible que tantos gobiernos, parlamentos, partidos políticos e instituciones públicas sigan entregados a las presiones de las grandes empresas, los bancos y los mercados financieros, en lugar de velar por el bien común, por las personas y el planeta que nos sostiene. Afrontar la emergencia climática es incompatible con que los combustibles fósiles sigan recibiendo cientos de miles de millones de euros de ayudas públicas todos los años. Exigimos a los gobiernos participantes en la COP25 que reconozcan que la inacción climática actual e insuficiente ambición que reflejan los compromisos más ambiciosos de los países nos conducirán a un calentamiento global desastroso para la vida, que superaría los 3,5ºC.
Es irresponsable que a un año del inicio de la aplicación del Acuerdo de París siga sin existir ningún mecanismo capaz de forzar acciones y medidas que obliguen a que los compromisos nacionales se ajusten una ruta de descenso de las emisiones compatible con las indicaciones científicas. La COP25 debe fijar la voluntad expresa de todos los países de elevar la ambición de sus compromisos antes de la COP26 de 2020. Ese compromiso de mayor ambición debe ser liderado por la Unión Europea y el G20, más ahora que acoge la celebración de la cumbre en su territorio, y el gobierno de España debe alinearse inequívocamente con ese llamamiento a una mayor ambición, que debe plasmar en objetivos y medidas más exigentes que los actuales en todas las políticas económicas, energéticas, de transporte, agrícolas, ganaderas, de conservación de los ecosistemas y de cooperación internacional. Del mismo modo, la transición ecológica requiere de la participación de toda la ciudadanía en la toma de decisiones. El establecimiento de mecanismos reales y efectivos de propuesta ejecución y evaluación de las políticas climáticas debe permitir la plena participación de toda la ciudadanía.
Un modelo de desarrollo capitalista y depredador basado en un crecimiento económico infinito es incompatible con los límites planetarios. Es precisa una transición hacia modelos ecosociales sostenibles, con menor consumo de materiales y energía, que no desborden los límites biofísicos del planeta. Apostar por un nuevo modelo energético desechando las falsas soluciones como la energía nuclear, la geoingeniería o los biocombustibles como el aceite de palma.
Conscientes de la emergencia ecológica en la que vivimos y de la temeraria inacción de los gobiernos mundiales, diversas organizaciones, plataformas y movimientos sociales, sindicales y ambientales de todo el estado español; nos unimos al llamamiento realizado por toda la comunidad internacional, y en especial de la juventud movilizada por el clima en Fridays for Future, de volver a salir a la calle exigiendo el próximo viernes 6 de diciembre medidas reales y ambiciosas a la comunidad internacional reunida en la COP25.
Una manifestación en solidaridad con las personas y los pueblos que sufren con especial virulencia la degradación ambiental y social que han supuesto las políticas neoliberales extendidas por el planeta. En Chile y por todo el mundo hay claros ejemplos de cómo se vulneran sistemáticamente derechos humanos y ambientales. En Chile la política extractivista, las zonas de sacrificio y la política hidráulica devastadora con regiones completas son ejemplos de lo que no es permisible. La denuncia de estos hechos debería tener su altavoz en la COP25 y una transición justa y equitativa.
Apenas queda tiempo para frenar la emergencia climática y necesitamos que se oiga la voz de todos los pueblos y personas, en Santiago de Chile y en Madrid, la voz de la juventud movilizada por el clima, de las poblaciones indígenas que sufren las causas y las consecuencias del cambio climático, de las mujeres que cumplen un rol fundamental en la lucha climática y la voz de toda la vida en el planeta».
