La edición de El País en la Comunidad Valenciana informa que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de esta comunidad ha fallado a favor de la empresa Biodiesel Alicante en su iniciativa de abrir una fábrica en el puerto de Alicante, y ha multado al Ayuntamiento con 800.352 euros por vetar la instalación. La sentencia revoca un fallo de 2008 (la empresa inició los trámites de construcción de la planta en 2006) del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante, que daba la razón al Consistorio. La información de El País advierte de que el fallo del tribunal de TSJ no es unánime, ya que incluye el voto particular en contra de dos magistrados.
La sentencia del TSJ señala que la declaración de impacto ambiental del Consell fue obtenida después de que el Consistorio hubiera informado favorablemente en su tramitación, y “no podía volver sobre sus propios pasos ni cuestionar la autorización ambiental integrada concedida por la Generalitat, al no ser de su competencia”, precisa el fallo del TSJ. “La Administración municipal con la autorización ambiental integrada otorgada por la Generalitat Valenciana debe necesariamente emitir la correspondiente licencia de actividad”, añade la resolución.
El TSJ anula los acuerdos del Ayuntamiento, denegando de forma expresa la licencia de obras y actividad, y al mismo tiempo se reconoce el derecho de la empresa a que el Consistorio le diera luz verde en los términos que solicitó y con las correcciones que hicieron los técnicos municipales en la tramitación. La información de El País concluye que “fuentes municipales han asegurado que los servicios jurídicos del Consistorio recurrirán la desfavorable sentencia”.
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