Podemos, sin duda, congratularnos de haber ganado una batalla con la convalidación del “Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores”. El mismo enunciado de la norma vinculando “urgencia” con “transición energética” es ya una victoria, aunque no nos podemos olvidar que la terminología no es suficiente pues el anterior gobierno tuvo la desfachatez de denominar la nefasta Ley 15/2012 como “de medidas fiscales para la sostenibilidad energética” cuando sus efectos eran todo lo contrario.
Afortunadamente, en esta ocasión el contenido responde al enunciado, aunque es obvio que esa urgencia se requiere para muchas más medidas que, de momento, han quedado fuera del BOE. Pero lo más importante dentro del variado contenido del decreto (aprobado sin el voto en contra de ninguno de los principales partidos) es que se han eliminado algunas de las trabas más importantes al autoconsumo al abordarse tres aspectos cruciales como lo son:
1) Reconocer el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin cargos.
2) Reconocer el derecho al autoconsumo compartido.
3) Introducir el principio de simplificación administrativa y técnica.
Para las numerosas entidades que forman parte de la Alianza por el Autoconsumo, la supresión del llamado “Impuesto al sol” (que ha sido una barrera más psicológica que jurídica) era cuestión de principios, sin más, una aberración que había que borrar del mapa. La complicada tramitación administrativa era el verdadero obstáculo para que los ciudadanos empezáramos de forma masiva a producir nuestra propia energía. Además, el autoconsumo compartido es la puerta que puede acelerar el que la ciudadanía, en sus múltiples formas de colaboración, ejerza ese derecho fundamental en el nuevo modelo que debemos construir.
Muchos entendemos que el cambio de nuestro sistema energético debe situar al ciudadano en el centro del sistema, pasando de ser un consumidor cautivo de las grandes corporaciones energéticas a ser un productor, gestor y usuario de la energía.
Sí, pero no debemos olvidar que con el autoconsumo no es suficiente. La generación distribuida es un pilar fundamental de la transición, pero se requieren otros no menos importantes entre los que destacaría priorizar las políticas de ahorro y eficiencia, sobre las que estamos esperando noticias, la electrificación del transporte, etcétera.
Pero hay un elemento más en la combinación del que no se habla tanto, y sobre el que tenemos algunos prejuicios, que no es otro que el facilitar la participación de las empresas en este proceso. Solo con autoconsumo, solo con participación ciudadana no vamos a cambiar el modelo energético, afirmación que sirve para el conjunto de la transición, pero especialmente para la generación de electricidad llamada a cubrir el 50% de la demanda energética en 2030, el 70% en 2040 y el 80% en 2050, con una participación de las renovables en esa generación del 80% en 2030 y del 100% a partir de 2040, según las propuestas de la Fundación Renovables.
Es obligatorio reivindicar que se marque una senda para que las empresas se lancen a la construcción de plantas de generación renovable, a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías limpias, para que recuperen la confianza que han perdido con el frenazo y marcha atrás que se ha producido en el desarrollo renovable en estos últimos diez años. Y tendrán que construirse plantas de gran tamaño, sí, con condiciones que garanticen su sostenibilidad, sin dar lugar al acaparamiento por parte de las grandes corporaciones, pero se tendrán que hacer o no habrá transición.
En el reciente Congreso Nacional de Energías Renovables “Renovables 2018”, organizado por APPA, se palpaba una contradicción en el sector ampliamente representado en el evento. Por una parte, el convencimiento de que estamos en el momento crucial del despegue, con todos los elementos a favor, pero, por otro lado, la desconfianza de las empresas a que en el camino vuelvan a encontrarse con cambios regulatorios, con bandazos que conllevan pérdida de seguridad jurídica y que les causen quebrantos económicos como les ha sucedido a las empresas que solo tenían activos renovables. Los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo para fijar esa senda de confianza para que las empresas participen plenamente en este cambio de modelo energético porque las necesitamos, aunque nosotros, los ciudadanos, estemos llamados a ser los protagonistas de la misma.
