“El marco político de la UE para la energía renovable no aborda totalmente los riesgos medioambientales y socioeconómicos de la bioenergía para las zonas rurales. La bioenergía no es sinónimo de energía sostenible”. Así de contundente comienza su análisis sobre la relación de la bioenergía con el medio rural el informe del TCE, que se centra especialmente en la biomasa sólida y el biogás.
Hay que tener también en cuenta que los análisis sobre la viabilidad de la nueva política de la UE en materia de bioenergía se hacen a partir de las conclusiones sacadas por los auditores tras visitar cinco Estados miembros: Bulgaria, Francia (Baja Normandía), Italia (Toscana), Lituania y Austria. Su conclusión es que “la mayoría de ellos no utilizaban los fondos de desarrollo rural para otorgar prioridad a proyectos de energía renovable que también podían contribuir al desarrollo rural sostenible”.
Las políticas sobre renovables deben vincularse a las rurales
De ahí, a la conclusión general: las políticas sobre energías renovables deben estar más vinculadas a las políticas rurales. Y se refieren sobre todo a la biomasa y el biogás, que emergen en el estudio como “las más claramente relacionadas con las zonas rurales”. Como además consideran que “entraña riesgos medioambientales y socioeconómicos" para las mismas zonas, piden que se aborden desde un carácter integrador de las políticas y con mayores exigencias de la sostenibilidad.
El informe analiza la cobertura de dieciséis riesgos a partir de la propuesta de directiva presentada por la Comisión, y en concreto en los criterios de sostenibilidad. Solo consideran que se abordan tres riesgos de esos dieciséis: la reducción de la biodiversidad debido al cambio directo del uso de la tierra y la degradación del suelo y la escasez de agua y contaminación debido al mismo motivo.
Emisiones contaminantes, el talón de Aquiles de la sostenibilidad propuesta
Hay once riesgos que los auditores consideran que están parcialmente abordados y dos que no se abordan en absoluto. Estos últimos son la contaminación atmosférica debida a la quema de biomasa (por ejemplo, materia particulada, SO2…) y la relacionada con las emisiones de contaminantes durante el resto del ciclo de vida de la bioenergía (por ejemplo, durante el transporte).
El mismo TCE ya emitió en 2016 un informe muy crítico con los esquemas de certificación de la sostenibilidad de los biocarburantes aprobados por la UE, al considerar que no garantizan el cumplimiento de los requisitos ambientales, no tienen en cuenta el efecto de los cambios en el uso del suelo y disponen de una “escasa verificación sobre el origen de los desechos y residuos utilizados para la producción”.
APPA Biomasa: "constituir ya una comisión interministerial"
Desde la sección de Biomasa de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) confían en que la nueva directiva de renovables va a ser un instrumento eficaz para garantizar la mejora del marco de sostenibilidad de la bioenergía que propone el informe. Además, Margarita de Gregorio, directora de APPA Biomasa, afirma que “el Tribunal de Cuentas de la UE pone de manifiesto algo que nosotros venimos denunciando desde hace tiempo: la falta de coordinación entre políticas de apoyo a la biomasa”.
APPA Biomasa recuerda algo que lleva exigiendo desde hace varios años a los políticos y que va en la línea de lo planteado en el informe: “la constitución de una comisión interministerial que coordine las políticas agrícolas-forestales-ganaderas, desarrollo rural, energía, medio ambiente y cambio climático”.
De Gregorio añade que “España cuenta con un potencial de recurso biomásico enorme a la espera de ser aprovechado para que se generen unos beneficios socioeconómicos y medioambientales enormes para las regiones en el que se lleva a cabo, pero siempre si se regula y se fomenta teniendo en cuenta todas las implicaciones que tiene este sector, que son muchas y muy valiosas”.
La perversidad de unir cumplimiento de objetivos con incentivos financieros
Eso sí, desde el TCE advierten que, de cara a esas políticas y “ante la falta de salvaguardias suficientes (criterios de sostenibilidad laxos), es un riesgo que la propuesta de directiva fomente la producción y el uso de bioenergía mediante objetivos de energía renovable ambiciosos en combinación con incentivos financieros, puesto que podría dar lugar a un mayor uso de biomasa no sostenible a largo plazo”.
En este punto, la directora de APPA Biomasa también advierte que “el desarrollo del sector de la biomasa en Europa no puede ser más desigual. Existen enormes diferencias entre Estados miembros, tanto en lo que se refiere a potencial de recurso como a desarrollo del sector”.
Emisiones: “las instalaciones españolas cumplen con la legislación vigente”
“En España no se detectan problemas de sostenibilidad de las biomasas que se utilizan para bioenergía –prosigue De Gregorio–, pues para las que provienen del ámbito forestal ya están trazadas por los controles de PEFC y FSC, y para el ámbito industrial las que se utilizan son subproductos de industrias agroalimentarias, forestales, etcétera, bien identificadas. Y en lo que se refiere a emisiones, las instalaciones españolas cumplen con la legislación vigente”.
Por último, desde APPA Biomasa coinciden con el informe a la hora de la necesidad de proporcionar orientaciones claras sobre el papel del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader) en el apoyo a las energías renovables y la mejora de la selección de proyectos, teniendo en cuenta el valor añadido a las zonas rurales y la viabilidad de los proyectos. Si no es así, afirma el informe, “el Feader corre el riesgo de convertirse simplemente en otra fuente de financiación para la energía renovable, sin dar prioridad al desarrollo rural”.
