Unión por la Biomasa, que agrupa a 36 asociaciones profesionales, productores y centros de investigación, asegura en un comunicado de prensa que “los presupuestos del Magrama aumentan un 12,27% con respecto a 2014”, pero “no promueven ni incentivan políticas de gestión forestal sostenible”. Entre esas políticas resaltan “la ordenación de montes, la dotación económica del Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal, la puesta en marcha del Fondo Forestal contemplado en la Ley de Montes o una apuesta decidida por la biomasa forestal como herramienta de creación de empleo, reducción de riesgos de incendios forestales y conservación de la biodiversidad”.
Desde la asociación recuerdan que “la principal aportación del Magrama a la gestión forestal es la prestación del servicio de extinción de incendios forestales a las comunidades autónomas. Esta actividad se lleva prácticamente el 90% del presupuesto de la Subdirección General de Política Forestal“. Concretamente, se destinará un 6,3% más que en 2014, hasta llegar a los 84,3 millones de euros. Por el contrario, ponen sobre la mesa el ahorro de costes por incendios evitados, entre otros, si se aprovechara adecuadamente la biomasa forestal que crece cada año en los montes: 263,47 millones de euros. Calculan que equivale al 35% del gasto total de todas las administraciones en extinción.
Planes de desarrollo rural que incorporen el aprovechamiento energético de la biomasa
El Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal, presentado por el exministro Miguel Arias Cañete en febrero de este año, da un peso específico importante a la bioenergía, con medidas para impulsar planes de gestión en los que se contemple el uso energético de la biomasa. ¿Con qué dinero? Unión por la Biomasa recuerda que su financiación se deja en manos de las comunidades autónomas y de los fondos europeos, pero piden que “el Gobierno de España impulse planes de gestión forestal financiados junto con las CC.AA”.
Garantizar que un porcentaje de los nuevos fondos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), que financiarán los planes de desarrollo rural de las comunidades autónomas, se destine a poner en marcha planes de gestión forestal sostenible, aprovechamiento de la biomasa, su movilización e impulsar su demanda es otra de las peticiones de Unión por la Biomasa. En sintonía con el resto de asociaciones del sector, afirman que “podrían extraerse 18 millones de m3 de biomasa para utilizarlos con fines energéticos sin que los bosques perdieran su multifuncionalidad, pero no se hace”.
Cumplir los objetivos de la CE con biomasa
La creación de empleo es otro de los beneficios que se apuntan como derivados de la inversión en biomasa forestal. Para la fase de construcción de plantas de generación de energía calculan 34.607 puestos de trabajo; para su operación y mantenimiento una vez construidas, 1.394 puestos de trabajo directos; y para la fase de aprovisionamiento de materia prima y otros puestos de trabajo indirectos, 8.986 empleos. A estos cálculos añaden los del ahorro de costes por prestaciones de desempleo (81,15 millones de euros) y los de emisiones de CO2 evitadas (46,63 millones) y la contribución fiscal por la construcción y operación de las plantas (344,52 millones).
Unión por la Biomasa trae a colación una cita del secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, que resalta la apuesta del Gobierno por “proyectos en nuestro país que desarrollen empleo, que reduzcan emisiones y que demuestren que una política medioambiental seria es la que ayuda al crecimiento y a crear empleo”. “No ha sido así en el caso de la biomasa, y en su aprovechamiento con fines energéticos tiene el ministerio una gran oportunidad de cumplir con sus objetivos”, concluyen desde la asociación, máxime cuando ven imposible que sin la biomasa España cumpla las nuevas metas en renovables (27% del consumo) y reducción de emisiones (40% con respecto a 1990) que ha fijado la Comisión Europea para 2030.
