La receta es la misma que otras oenegés ecologistas, y alguna más del ámbito forestal, no se cansan de dar desde hace décadas: “Cambiar de estrategia y centrar los recursos en la prevención y gestión del riesgo de grandes incendios”. Así lo expresa Greenpeace en un informe que toma el relevo de otro de hace cuatro años con un contenido similar: Incendios forestales. No podemos bajar la guardia. En este caso la biomasa, ese combustible en potencia que crece anualmente en los bosques y que no se trata adecuadamente, centra uno de los cinco capítulos de El verano que no queremos que ocurra.
Biomasa: una manera de gestionar el paisaje antes de que lo hagan los grandes incendios. Así se titula dicho capítulo, en el que Greenpeace recuerda que el incremento anual de biomasa total (aérea y radical) en los bosques españoles es de 60.413.183 toneladas de materia seca, de los que tan solo se extraen 18.430.236 toneladas cada año. “Esto supone que en la actualidad únicamente se está aprovechando un 30,5% del incremento anual (lo que crece el bosque anualmente), sin hablar de la biomasa acumulada durante décadas (existencias)”, resaltan desde la oenegé.
Como señalan algunos expertos, y revela Greenpeace, “no tiene sentido invertir en un año más de 55.000.000 euros importando energía, y dejar que en nuestros montes se acumulen 60.500.000 millones de toneladas de biomasa cada año para que luego ardan en los incendios forestales”.
Energía de la biomasa unida a una estrategia de desarrollo rural
Esta disponibilidad de un combustible local y barato lo sitúa Greenpeace en un contexto en el que España es deficitaria en energía. “De ahí la necesidad –apuntan– de dirigir la política energética hacia un modelo 100% renovable, política que evitaría además el pago de ingentes cantidades de dinero en combustibles fósiles procedentes de otros países”. Por eso consideran que “el aprovechamiento energético de la biomasa debería formar parte de una estrategia de desarrollo rural que aúne el empleo, la conservación de las masas forestales, la producción de energía y la gestión del riesgo de grandes incendios forestales”.
Cuando en febrero de 2014 Miguel Arias Cañete, exministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, presentó el Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal, en el que se incluyen 85 medidas para potenciar el uso de la biomasa con aprovechamiento energético, se pensó que, definitivamente, se iba a contar tanto con la prevención como con la extinción. No había pasado un año y Unión por la Biomasa denunciaba la ineficacia de un plan dentro de una política general en el que “la principal aportación del Magrama a la gestión forestal es la prestación del servicio de extinción de incendios forestales a las comunidades autónomas, que se lleva prácticamente el 90% del presupuesto de la Subdirección General de Política Forestal“.
Sector estratégico dentro de un nuevo modelo económico
Por todo ello, Greenpeace expone, como una de sus seis principales demandas, “hacer del sector forestal un sector estratégico dentro de un nuevo modelo económico”, recuperando “el espíritu de consenso alcanzado por todos los grupos parlamentarios en la moción aprobada en el Senado en mayo de 2011 que instó al Gobierno a elaborar y propiciar una estrategia de mejora de la competitividad del sector forestal y de la madera, en colaboración con las comunidades autónomas, asociaciones forestales e industria”. En dicha moción se proponían, entre otras medidas, incentivar y apoyar unos planes de ordenación de los que hoy solo gozan el 14% de los bosques.
Como propuesta más concreta, la asociación considera necesario acercar el modelo forestal “a un uso sostenible y a la transformación tecnológica moderna y eficiente de sus recursos (madera, corcho, resina, energía para biomasa, etc.) y a la internalización económica de sus servicios ambientales (biodiversidad, agua, recreo, etc.)”. “Para ello –continúan–, los productos forestales, su industria de transformación y sus estrategias de comercialización deben comenzar a estar en un primer plano del modelo español de consumo público y privado”.
Consenso con los expertos en conservación de la biodiversidad y el suelo
Greenpeace no obvia la polémica que surge en ocasiones sobre el uso energético de la biomasa y afirma que, para evitar polémicas estériles, es fundamental que este aprovechamiento racional y ordenado “se diseñe en consenso con los expertos en conservación de la biodiversidad y el suelo, estableciendo líneas rojas y evitando las malas prácticas y los excesos”. Abogan por establecer una planificación forestal estratégica, al igual que en otro tipo de ámbitos territoriales o vinculados a los recursos naturales. “La ausencia de planificación, de control sobre la ejecución de los trabajos o su baja calidad, pueden condicionar su aplicación y su aceptación social”, apostillan.
