La Conselleria de Economía y Competitividad mantiene una línea de ayudas públicas de 300.000 euros para potenciar la implantación en las Islas Baleares de la biomasa para usos térmicos, cofinanciada en un 50% por el Feder y a la que solo pueden optar empresas, asociaciones empresariales y administraciones locales. En el ámbito empresarial podrán recibir una subvención de hasta el 35% del coste de la inversión, mientras que entre las administraciones locales el porcentaje sube al 50%.
Los beneficiarios pueden presentar hasta el 1 de noviembre sus solicitudes para nuevas instalaciones de producción de energía térmica que utilicen la biomasa como combustible y tengan una potencia mínima de 20 kW térmicos. Según el conseller de Economía y Competitividad, Joaquín García, "el objetivo es no sólo fomentar el uso de las energías renovables, sino también impulsar el ahorro y la racionalización del uso de la energía en cada uno los sectores económicos para minimizar el incremento de la demanda energética".
También maquinaria y plantas de pélets
Además de las calderas, la línea de subvenciones incluye también maquinaria nueva específica para el tratamiento en campo de la biomasa, mediante astillado y empacado, así como las plantas de fabricación de pélets o briquetas. En todos los casos la subvención máxima por beneficiario no será superior a 50.000 euros y este deberá comprometerse a destinar las instalaciones o la maquinaria durante cinco años a la finalidad concreta para la que han recibido la subvención.
Otra comunidad autónoma, Extremadura, recuerda a través de su Dirección General de Industria y Energía que el plazo para solicitar las ayudas para la instalación de calderas y estufas domésticas de biomasa termina el próximo 20 de noviembre. En este caso los beneficiarios son personas físicas que instalen en su vivienda habitual equipos cuya potencia nominal sea igual o mayor de 5 kW y menor o igual a 30 kW y que usen como combustible biomasa en cualquiera de sus tipos y formas. La cuantía máxima de la subvención es del 35% del coste de adquisición e instalación, con un límite de 3.000 euros por actuación.
