“Al haber sido la adjudicación sin prima a la inversión, Ence sólo construirá la planta si está segura de obtener la rentabilidad esperada”. Esta frase, contenida en la nota de prensa publicada por Ence tras conocer el resultado de la subasta de biomasa organizada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur), en la que se le adjudican 40 MW, entronca con los temores advertidos por la sección de Biomasa de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) sobre la ejecución final de los proyectos beneficiados.
En un comunicado emitido hoy, APPA Biomasa denuncia que “los requisitos de la subasta han distorsionado el resultado”. Recuerdan que durante la tramitación solicitaron que “se limitara la participación a empresas de un mismo grupo para impedir que agentes externos al sector pudiesen distorsionar el resultado, como finalmente ha sucedido, y se terminaran adjudicando bloques de potencia que, finalmente, pudieran no ser ejecutados”.
Se ha entrado en la subasta “a cualquier precio”
La no consideración por el Minetur de las propuestas de APPA Biomasa conllevó que, según esta, se publicara un mecanismo de subasta “permeable a la especulación y muy excluyente, especialmente para las pequeñas cogeneraciones con biomasa en industrias y las plantas pequeñas y medianas de biomasa. Estas instalaciones no podían competir en la subasta debido a las grandes diferencias en economía de escala, aspecto incongruente con la exposición de motivos dada en la normativa de la convocatoria”.
APPA Biomasa explica que la moratoria renovable “ha aumentado progresivamente la presión sobre las empresas del sector, en algunos casos empresas cotizadas, que ya tenían importantes inversiones hechas”. Añaden que esta situación “ha empujado a entrar en la subasta a cualquier precio y ofertar reducciones del 100% sobre la retribución a la inversión de salida”. “Si se hubiera previsto –prosiguen– que se adjudicaran las ofertas casadas al porcentaje de reducción ofertado por cada una, como se hace en Francia, se habrían evitado las consecuencias negativas de unas adjudicaciones que sólo arrojan más incertidumbre al sector, pues las empresas adjudicatarias podrían tener problemas para desarrollar sus proyectos”.
Eliminar el límite de las 6.500 horas y el impuesto del 7% a la producción eléctrica
Este proceso retrasará los tiempos de desarrollo de la biomasa, señalan también desde APPA Biomasa, “pues se corre el riesgo de que no se subaste más potencia hasta que dentro de unos años se compruebe si la adjudicada se ha ejecutado. Esta demora haría que se abandonaran definitivamente las iniciativas de proyectos en curso”. Por este motivo piden al Gobierno un apoyo sostenido al sector que “no se limite a subastar potencia esporádicamente, sino que se establezcan subastas periódicas”, para cumplir así con el objetivo del Plan de Energías Renovables 2011-2020 de llegar a este último año con 1.350 MW.
La potencia actual ronda los 800 MW, pero para ir más allá de los 1.000 MW que se alcanzarían con los resultados de la subasta (si se llegan a ejecutar) APPA Biomasa pide que las plantas “no tengan límite máximo de producción de 6.500 horas –como tampoco lo tienen las instalaciones de cogeneración– y que se elimine el impuesto del 7% sobre la producción eléctrica”.
