APPA Biomasa se ha pronunciado sobre la aprobación del real decreto 1/2012 que suspende momentáneamente las primas a nuevas instalaciones de energías renovables. “Supondrá serias dificultades añadidas para el desarrollo del sector de la biomasa y el biogás –afirman–, tanto por la imposibilidad de poner en marcha las nuevas plantas que ya estaban en fase avanzada de proyecto o incluso finalizada su construcción pero sin preasignación, como por la total incertidumbre que genera la nueva situación”. A partir de ahí, enumeran las consecuencias negativas que tendrá la medida en los ámbitos ambiental, económico y laboral.
A no ser que haya un desarrollo normativo del artículo 3, el de los “regímenes económicos específicos”. Como ya han expresado otras asociaciones del sector (Aebig, Apropellets, AAEF...), APPA Biomasa muestra su “profunda preocupación por las consecuencias que van a tener para el sector de las biomasas las medidas que contiene el RDL citado porque, en la práctica y a menos que se reglamente en breves semanas los procedimientos para dar continuidad al sector en el marco de lo previsto en su artículo 3, suponen la total desaparición sine die de cualquier nueva iniciativa en este campo”.
Injusto tratamiento para unas energías eficientes y beneficiosas
Con el mismo fin, APPA Biomasa insta al Gobierno a que “considere a las biomasas como una energía renovable altamente eficiente y beneficiosa, que incluya en sus balances de rentabilidad directa la estimación de las externalidades que esta tecnología genera –en especial los ahorros medioambientales que produce–, que sopese debidamente los retornos fiscales que induce y, sobre todo, que tenga en cuenta el empleo intensivo que puede crear no solo en su actividad específica, sino en los sectores agrícola, ganadero y forestal”. Desde la asociación recuerdan que el freno a los proyectos de biomasa y biogás multiplicará los efectos negativos sobre el empleo y la actividad productiva de los tres sectores mencionados.
Otro de los aspectos criticables es la no determinación de la duración de la moratoria, lo que “desincentiva totalmente cualquier nuevo proyecto o inversión debido a la inseguridad presente y futura que ello comporta”. APPA Biomasa apremia al Gobierno a acometer “reformas de calado en el funcionamiento del mercado eléctrico, de manera que se resuelvan de una vez por todas las disfunciones actuales”. Por otro lado, considera injusta la aplicación del real decreto a la biomasa y el biogás, “que se han esforzado durante los últimos años en tratar de ajustar sus marcos regulatorio y retributivo a la realidad, sin que se haya considerado hasta ahora por parte del regulador el importe de las múltiples externalidades positivas –sociales, económicas y medioambientales– que inducen”.
En esta sección bioenergética de APPA entienden que la biomasa y el biogás no deberían ser incluidas en la descripción de motivos del real decreto porque “ni han superado con creces sus objetivos para 2010 (se ha cubierto menos del 40% del objetivo recogido en el PER 2011-2020 recientemente aprobado por el gobierno), ni han supuesto nunca un incremento del sobrecoste para el sistema, puesto que la potencia instalada en absoluto refleja la que potencialmente sería susceptible de ser instalada en España”.
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