Al estilo del estudio que Analistas Financieros Internacionales (AFI) hizo para la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), Boston Consulting Group (BCG) ha realizado otro para Energía y Celulosa (Ence), con una diferencia: el primero parte de una actualización de las retribuciones a la producción eléctrica a partir de las biomasas y el segundo del mantenimiento de las mismas. Solo así se explica la diferencia en el cálculo de empleos e inversiones de aquí a 2020: 47.000 puestos de trabajo y 3.800 millones de euros de inversión en el estudio AFI-APPA y 15.000 y 3.000 millones en el de BCG-Ence.
Según el estudio de BCG, el cumplimiento de los objetivos de instalación de generación eléctrica con biomasa fijados en el Plan de Energías Renovables 2011-2020 (800 MW más hasta 2020) implica un ahorro en importación de combustibles fósiles de hasta 200 millones; proporciona a las haciendas públicas la recaudación en impuestos de unos 350 millones adicionales; permite un ahorro en desempleos de hasta 150 millones más; y evita la compra de derechos de emisión por valor de 25 millones. Las ventajas económicas cuantificables suman 725 millones de euros al año, frente a los 650, también anuales, que conlleva el cumplimiento del PER en primas a la biomasa.
Empleos e inversión repartidos entre la industria y el sector agroforestal
El informe que presenta Ence añade a estas ventajas cuantificables otros beneficios, como “la generación de 15.000 empleos, la inversión industrial y forestal de más de 3.000 millones de euros, la significativa reducción del riesgo de incendios y los beneficios derivados de la no dependencia de la biomasa de factores atmosféricos y, por tanto, la alta gestionabilidad de esta energía eléctrica, estable”. De los 15.000 empleos, 8.000 serían directos y 7.000 indirectos, y el 90 por ciento se crearían en los ámbitos rural y forestal, “donde el problema del desempleo de larga duración es actualmente muy grave”, apostilla en BCG.
De los 3.000 millones de inversión, 2.400 procederían del lado industrial y 600 del agroforestal, añade el estudio. Por otro lado, estiman que más del 50 por ciento se realizará con suministradores nacionales, “que a su vez son referencia para la exportación de la tecnología a otros mercados”. En BCG también sostienen que “estas tecnologías permiten la puesta en producción de tierras agrícolas marginales o no rentables, que no compiten con usos agroalimentarios, en un contexto de reducción de las ayudas al sector agrario, incorporando cultivos cuyo consumo está garantizado a muy largo plazo”. Concluyen que “los cultivos energéticos hacen sostenibles, gestionables y financiables los proyectos de plantas de biomasa y admiten complementariamente el residuo forestal/agrícola en las zonas de influencia de cada planta, manteniendo limpios los montes y reduciendo los riesgos de incendios”.
La visión de los cultivos energéticos de BCG está acorde con los planes de expansión de Ence, sustentados principalmente en esta materia prima. Sin embargo, el PER 2011-2020, aunque prevé la implantación de dichos cultivos, constata principalmente la potencialidad de generación eléctrica con residuos. Solo los agrícolas, tanto herbáceos como leñosos, y los procedentes de aprovechamientos madereros, suman un potencial disponible de 33,5 millones de toneladas anuales, casi el doble de lo necesario para el cumplimiento del objetivo de +800 MW, que se establece en 18 millones de toneladas anuales.