Aceitera General Deheza, Bunge Argentina, LDC Argentina, Molinos Agro, Oleaginosa Moreno Hermanos, Vicentin, Cargill y COFCO International Argentina. Estas son las ocho empresas que, en un acuerdo entre la Unión Europea con ellas y la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), podrán exportar determinadas cantidades de biodiésel a Europa sin aplicarles los derechos antisubvención que se establecen en el reglamento.
Tanto este reglamento como la “decisión de ejecución” que fija las exenciones a las empresas mencionadas se publicaron el mismo día en el Diario Oficial de la UE, y la Comisión Europea liga ambas normas. De hecho. la decisión se define como la aceptación de “ofertas de compromiso a raíz de la imposición de derechos compensatorios definitivos sobre las importaciones de biodiésel originario de Argentina”.
Siguiendo con la decisión, en ella se explica que “a fin de garantizar que los compromisos sean viables, los exportadores de Argentina presentaron ofertas de compromiso con un precio mínimo de importación para el producto afectado”.
No superar el diez por ciento del consumo anual de biodiésel de la UE
A partir de aquí, la CE establece algunas condiciones sobre ese precio, que en ningún momento se explicita. Sí dice que “está vinculado a la media mensual de las cotizaciones del precio del aceite de soja (materia prima con la que se fabrica el biodiésel argentino) publicadas por el Ministerio de Agricultura del Gobierno de Argentina, que reflejan la inclusión del impuesto a la exportación”.
Más precisa es la CE en cuanto al volumen anual de importaciones, que no debe superar el 10 por ciento del consumo anual medio de la UE entre 2014 y 2017. Esto supone en torno a 1,2 millones de toneladas anuales. Por encima de esta cantidad, la CE considera que existe “una amenaza de perjuicio importante para la industria de la UE”, por lo que entiende que “no debería perjudicar los resultados globales” de dicha industria.
“Argentina redujo los precios de la soja para beneficiar al biodiésel”
En cuanto al Reglamento “por el que se impone un derecho compensatorio definitivo a las importaciones de biodiésel originario de Argentina” la CE concluye que el Gobierno de Argentina adoptó una serie de medidas con un “objetivo preestablecido”: “reducir los precios internos (de la soja) en el contexto del aumento de los precios internacionales en beneficio de la industria nacional de valor añadido, incluida la del biodiésel”.
Por eso impone de nuevo aranceles o derechos anti-subvención (o compensatorios) a toda la industria exportadora argentina, incluso a aquellas empresas que se benefician del precio mínimo de importación establecido en la decisión de ejecución.
Pero la CE expone que estos aranceles, que varían entre el 25 y el 33,4 por ciento, estarán exentos para que aquellas cantidades que “sean fabricadas, enviadas y facturadas por empresas cuyos compromisos acepte la Comisión y cuyos nombres figuran en la decisión de ejecución”.
