Estas palabras de Manuel García, presidente de la sección de Biomasa de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), integrante de Unión por la Biomasa, las ha pronunciado hoy durante la presentación del documento Creación de empleo evitando incendios forestales. Básicamente contiene los datos y la misma línea argumental de la nota de prensa que emitió la misma organización a principios del verano: si se cumplieran los objetivos para la biomasa del Plan de Energías Renovables, las Administraciones se ahorrarían 250 millones de euros gracias a la prevención de incendios forestales.
La novedad es que esta ventaja de la biomasa como fuente de energía, entre otras, se las ha presentado Unión por la Biomasa a Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía. “Hemos notado una evolución positiva en la recepción de nuestras propuestas”, afirma García, aunque también sostiene que “su intención siempre es dirigirnos a otros ministerios y a programas de ayudas europeos cuando le hablamos que entre las ventajas están la creación de empleo, especialmente en zonas rurales (catorce netos por megavatio instalado) y la reducción de emisiones de CO2”.
Establecer un marco de apoyo adecuado
Una de las propuestas que se hacen en el documento que se ha presentado hoy es la de contar con un marco de apoyo que permita impulsar la valorización energética de las biomasas como herramienta coadyuvante a la prevención de incendios forestales. “La biomasa es un combustible competitivo, además no necesita nuevas infraestructuras; es la energía renovable predominante en los países cuyo precio final de la energía para el consumo doméstico se encuentra por debajo de la media europea; y no requiere potencia instalada de respaldo (como es el caso de los ciclos combinados) al tratarse de una energía renovable cuya producción es plenamente gestionable”, resumen desde Unión por la Biomasa.
Manuel García insiste en que “la retribución de la biomasa tiene que ser con una parte a mercado y otra con un complemento o prima que compense la inversión en una tecnología renovable menos desarrollada que otras”. Por eso confía en que la “rentabilidad razonable” del real decreto ley 9/2013 se ajuste verdaderamente a los costes de inversión, logística, biocombustible y mantenimiento, “con lo que no llegaríamos al 7,5% y cobraríamos más”.
Menos incendios, pero igualmente inaceptables
En el mismo documento se advierte de que “una adecuada gestión de la biomasa forestal puede complementar e instrumentalizar las actuaciones preventivas de los incendios, así como buscar soluciones al problema de fondo y origen mayoritario de ellos, además de contribuir eficazmente a su reducción”.
Josu Azpitarte, presidente de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), otra de las 37 organizaciones que integran Unión por la Biomasa, recuerda que “a pesar de que este año en número de incendios (9.344) y de hectáreas afectadas (53.285) estamos por debajo de la media del último decenio siguen siendo cifras inaceptables, sobre todo porque se podrían reducir mucho con una gestión sostenible de los montes durante todo el año, en la que entra el aprovechamiento de la biomasa forestal para producir energía”.
