Este organismo, que es el competente para la tramitación y el seguimiento de las actuaciones derivadas de las autorizaciones ambientales integradas y de la calidad de los suelos, considera que el informe "preceptivo y vinculante" de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil que declara "inadmisible el vertido" impide otorgar esta autorización. Según han trasladado fuentes de la Xunta, la Confederación había emitido informes en los meses de mayo y septiembre del año pasado en los que concluía que "la documentación aportada por el promotor era insuficiente para realizar el informe en materia de vertidos". Además, señalaba "múltiples deficiencias que debían ser subsanadas, teniendo en cuenta el caudal indicado y el sistema de depuración descrito".
El informe emitido por la Dirección Xeral de Patrimonio Natural en julio del año pasado ya condicionaba la viabilidad del proyecto al informe de la Confederación en el que se garantizase la calidad de las aguas "del medio acuático receptor y que el vertido al arroyo Vilalvita cumpla, en todo momento, los límites establecidos en su plan hidrológico vigente para los distintos parámetros físico-químicos".
La Xunta -informa la agencia Europa Press- ha explicado que se debe denegar la autorización ambiental integrada, una vez ha transcurrido el plazo para la emisión de un nuevo informe por parte de la Confederación "sin que se haya recibido respuesta", dado que los informes emitidos por este organismo son "desfavorables" al proyecto y que el promotor "no aporta nuevos elementos de juicio en la alegación presentada en el trámite de audiencia".
Ahora, la empresa tiene un mes para interponer recurso de alzada.
Cautela
La noticia ha sido acogida con alegría por un colectivo vecinal que bajo el nombre de "Lugo non quere cheiros" (Lugo no quiere olores) llevaba meses protestando por este proyecto. Las manifestaciones en contra han sido también secundadas tanto por el BNG como por el PSOE, quienes llevaron este tema a Pleno y también al Parlamento de Galicia, instando a la Xunta a retirar su apoyo al proyecto.
El presidente del colectivo vecinal, Julio Rodríguez, ha asegurado que los vecinos están contentos, pero se mantienen a la expectativa. "El paso más importante está dado, pero no nos fiamos del todo, porque hay tiempo para alegar y no creemos que la empresa lo deje pasar, ya que llevan tres años pagando por el alquiler de las tierras".
Por su parte, la alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, ha manifestado que esta resolución "pone de relieve la fuerza del movimiento vecinal y la importancia de la movilización social".
Además, ha añadido que "resulta preocupante que la Xunta de Galicia declarara prioritario un proyecto que ahora se demuestra inviable, visto su impacto ambiental y las graves deficiencias técnicas que fueron señaladas por los informes".
"Esta situación -ha recalcado la alcaldesa- refleja la necesidad de mayor rigor y responsabilidad a la hora de evaluar este tipo de iniciativas, asegurando que los intereses generales de los vecinos estén siempre por encima de cualquier otro criterio".
