El acuerdo es provisional porque hasta principios de 2018 no será refrendado por el pleno del Parlamento Europeo y el propio Consejo, pero el punto más destacado es que los Estados miembros deberán cumplir con la regla que llaman “sin débito” u objetivo cero de emisiones.
El compromiso básico es que cada Estado garantice que por cada período de cumplimiento de cinco años (2021-2025, 2026-2030), la cantidad de carbono absorbida en el sector LULUCF sea al menos equivalente al emitido, de acuerdo con las reglas contables que se establezcan.
La propuesta de reglamento incluye las emisiones y absorciones relacionadas con tierras agrícolas y forestales. “Las nuevas normas mejorarán el papel del suelo y los bosques como sumideros de carbono e incentivarán su uso productivo y sostenible, mejorando la bioeconomía y la agricultura climáticamente inteligente”, relatan desde la Comisión Europea.
Reglas de contabilidad de las emisiones
El comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete afirmó tras el acuerdo presentado ayer que “después de largas y complejas negociaciones, hemos encontrado un acuerdo para incluir las emisiones y absorciones LULUCF en nuestros esfuerzos colectivos para cumplir con los objetivos de 2030 y en línea con el compromiso con el Acuerdo de París”. Hasta ahora no se habían incluido en las políticas europeas de reducción de emisiones.
Aparte del “sin débito” de emisiones, se proponen igualmente las reglas de contabilidad de las mismas basadas en las operaciones en tierras de cultivo, pastizales, humedales y zonas forestales en explotación, además de las reforestadas y deforestadas. No establece obligaciones para los gestores privados, incluidos agricultores y silvicultores.
Flexibilidad para los Estados “más forestales”
A partir de aquí vienen algunos de los puntos más polémicos, que ya han sido criticados por algunas ONG ecologistas. Se trata de las “flexibilidades para hacer frente a la gran variedad de circunstancias nacionales”, en especial “los Estados miembros que representan un importante sumidero de carbono”. Aunque no se citan en la nota de prensa, está claro que se refiere a los países bálticos.
Dicha flexibilidad permitirá a algunos Estados utilizar un "mecanismo de compensación" durante diez años, un crédito de hasta 360 millones de toneladas de CO2. Desde Fern, ONG holandesa activa en la defensa de los bosques de la UE, recuerdan que a principios de otoño, “tanto el Consejo como el Parlamento se doblegaron ante la presión de Finlandia, Suecia y Francia, y debilitaron la propuesta de la CE.
Desde la Confederación Europea de Propietarios Forestales han presionado para conseguir esa flexibilidad desde que la Comisión lanzó la propuesta, "para no convertir a los bosques en museos de carbono”. Junto a otras organizaciones empresariales europeas agrícolas y de la industria del papel anunciaron también su posición contraria a que se tuvieran en cuenta referencias históricas a la hora de calcular las emisiones.
En una nota de prensa conjunta aseguraban que “para aprovechar todo el potencial de los beneficios a largo plazo de los bosques gestionados de forma sostenible y sus productos en relación con la mitigación y la adaptación al cambio climático, los niveles de referencia deben tener en cuenta los datos más recientes sobre recursos forestales y políticas pertinentes”.
Los ecologistas pedían objetivos con "emisiones negativas"
En general, a las asociaciones ecologistas como Fern no le gusta nada que no se establezcan objetivos de emisiones netas "negativas" (más absorciones que emisiones), de ahí que afirmen que el compromiso alcanzado por el PE y el Consejo adolece de “una grave falta de ambición”.
Desde Bruselas concluyen que el acuerdo provisional alcanzado tras las negociaciones "tripartitas" entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión debe ahora ser formalmente aprobado por los dos primeros. “Tras la aprobación, el reglamento se publicará en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor veinte días después”, concluyen.
