El Parlamento Europeo ha pedido, en sus enmiendas a las propuestas legislativas para facilitar la incorporación de renovables al mercado del gas de la Unión Europea (UE) que, para finales de 2030, los Estados miembro deben garantizar colectivamente al menos 35.000 millones de metros cúbicos de biometano sostenible con el objetivo de reemplazar el 20% de las importaciones rusas de gas natural con una alternativa sostenible, más económica y de producción local. El proyecto de directiva ha sido aprobado en la comisión parlamentaria de Industria, Investigación y Energía con 62 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones, y el proyecto de reglamento, con 54 votos a favor, 17 en contra y una abstención. La legislación también pretende crear un sistema de certificación para gases bajos en carbono y garantizar que los consumidores puedan cambiar de proveedor más fácilmente para elegir gases renovables y bajos en carbono en lugar de combustibles fósiles en sus contratos. Los eurodiputados han dado también luz verde a entablar negociaciones interinstitucionales, a la espera de la aprobación formal durante la sesión plenaria del 13 al 16 de marzo.
En sus enmiendas a la directiva, los eurodiputados señalan que los corredores de hidrógeno, identificados en los fondos del plan para la transición verde, deben estar respaldados por infraestructura e inversiones adecuadas a fin de garantizar que haya suficiente capacidad transfronteriza disponible para establecer un mercado europeo integrado del hidrógeno, la llamada "columna vertebral del hidrógeno", y permitir que este se mueva libremente a través de las fronteras, según informa Europa Press. Los eurodiputados también proponen reformar la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transporte de Gas para cubrir también a los Operadores de Redes de Hidrógeno e incluyen el mecanismo para que los estados miembro coordinen las compras de gas, establecido inicialmente bajo un procedimiento de emergencia. El Parlamento quiere, además, que los países de la UE eliminen el gas fósil lo antes posible, teniendo en cuenta la disponibilidad de alternativas e instan a los Estados miembro a decidir una fecha de finalización más temprana para la duración de los contratos a largo plazo para el gas fósil antes de que finalice el año 2049.
