La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea (UE) se han reunido este lunes con el fin de actualizar la legislación comunitaria sobre el uso de biocombustibles en el sector del transporte. Estas negociaciones tienen lugar en el marco de la tercera revisión de la Directiva sobre Energías Renovables (DER), que nació hace más de 10 años. Ecologistas en Acción —junto a otras 27 organizaciones— enviaron el pasado 1 de marzo una carta a los dirigentes de la Comisión Europea recordando que para cumplir con los compromisos climáticos y de protección de la biodiversidad adoptados bajo el Acuerdo de París y la Declaración de Glasgow sobre los Bosques en la COP26 "es crucial eliminar de forma inmediata la soja de la producción de los biocombustibles, tal y como recomendó el Parlamento Europeo el pasado mes de septiembre".
Si bien la Directiva vio la luz con el objetivo de reducir la quema de combustibles fósiles, las emisiones asociadas al ciclo de vida —desde su producción hasta su consumo— del biodiésel a base de soja son dos veces más altas que las del diésel fósil. La razón es sencilla: su producción requiere la conversión de ecosistemas de gran valor medioambiental en monocultivos, disparando las emisiones por la liberación del CO2 almacenado y por los incendios para deforestar, según informa Ecologistas en Acción. A pesar de todo, informaciones oficiales del grupo de trabajo de energía del Consejo sobre los diálogos a tres bandas han revelado que la Comisión Europea está aconsejando a los Estados miembros que vayan en contra del voto del Parlamento Europeo, aludiendo como motivo a posibles desafíos legales en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Las organizaciones firmantes de la carta señalan que ya existen precedentes: cuando en 2019 la Comisión decidió eliminar progresivamente los biocombustibles derivados del aceite de palma, países como Malasia e Indonesia presentaron demandas contra la UE ante la OMC. "Parece que a la Comisión le preocupa ahora que otros países puedan reaccionar de forma similar si la UE decide eliminar progresivamente los biocombustibles a base de soja", apuntan en la carta. Brasil, Argentina y Estados Unidos son grandes proveedores de soja. En concreto, Argentina ha expresado en diferentes ocasiones que quiere seguir exportando biodiésel de soja a Europa, ya que este producto representa el 20 % de las exportaciones del país a la UE. En este sentido, la postura del Parlamento sobre los biocombustibles a base de soja también ha suscitado preocupación en el contexto de los intentos de la Comisión Europea y algunos gobiernos, como el español, de acelerar la ratificación del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur.
Varios países europeos ya han promulgado fechas para eliminar la soja de los biocombustibles, por lo que, según se apunta en la carta, ahora la Comisión debe hacer lo mismo. Marta García Pallarés, portavoz de Ecologistas en Acción, ha señalado: "si la UE no excluye los biocombustibles a base de soja durante el proceso de revisión de la DER, seguirá contribuyendo a la destrucción de selvas tropicales y sabanas en lugares como Brasil, bajo el disfraz de supuestas políticas verdes. Los ecosistemas, el clima y los derechos de los pueblos no pueden ser utilizados como moneda de cambio con tal de salvar el acuerdo UE-Mercosur, que además se trata de un acuerdo obsoleto basado en una lógica neocolonial y extractivista de recursos para el lucro de las grandes empresas europeas".
