La judicialización continua de la planta de biomasa de Forestalia en Monzón obliga a recordar los últimos hitos en este sentido. En marzo de este año, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación presentado por Ecologistas en Acción Huesca a las autorizaciones ambientales que otorgó el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Con anterioridad, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Huesca ya se habían pronunciado de manera similar.
Un mes después, en abril, Ecologistas en Acción Huesca abría un nuevo contencioso contra la resolución de la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón por la que se otorga la autorización administrativa previa a la instalación de la planta de biomasa en Monzón. Recordaban además que existen dos procesos judiciales más abiertos.
El primero, afirman, “es el procedimiento contra la revisión de oficio de la autorización ambiental, modificado para incluir las emisiones de sustancias tóxicas y cancerígenas, como los benzopirenos, que el promotor, Forestalia, no declaró en su primer estudio de dispersión de contaminantes”. El segundo es un recurso contra la resolución de prórroga de la autorización ambiental. “Dado el incumplimiento de plazos para la instalación de la incineradora, el promotor tuvo que solicitar prórroga para su proyecto”, recuerdan.
Todo pendiente de la subasta específica para biomasa
En abril de 2018, Forestalia vendió a Ence los derechos que le quedaban por concretar (58,5 megavatios), tras conseguir 108,5 MW en la subasta de potencia eléctrica renovable de 2016. De ellos, solo los 50 MW de la planta de Cubillos de Sil, en León, se han llevado a efecto. “Las incertidumbres temporales que había en determinados aspectos, y dado que la fase de construcción es de casi dos años”, motivaron esta decisión según la empresa.
Forestalia siempre ha argumentado que espera a una nueva subasta con potencia específica para la biomasa (cosa que no ocurrió en la del año pasado) para sacar adelante definitivamente la planta de Monzón. Ecologista en Acción solicita “la caducidad de la autorización especial para la instalación al transcurrir seis años desde que se concedió sin que el promotor haya iniciado las obras y habiéndose vendido los megavatios necesarios para la instalación”.
En concreto, la asociación se ha dirigido al ayuntamiento de Monzón para instar la caducidad de la autorización porque “el PGOU indica que las licencias urbanísticas caducan al año de su concesión, por lo que no es de recibo concederle un trato distinto al que se le requiere a la ciudadanía”. Forestalia insiste en que, tras el fracaso reiterado de las actuaciones de Ecologistas en Acción tanto en los tribunales como en la vía administrativa, la planta está supeditada a las futuras subastas que convoque el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
