El pasado 5 de junio el Boletín Oficial de Castilla y León publicaba el acuerdo que aprueba medidas contra el cambio climático en el ámbito de esta comunidad autónoma. Hoy, la Asociación Española de la Biomasa (Avebiom), ha emitido una nota de prensa en la que afirma que “el uso de la biomasa con fines energéticos en Castilla y León se verá impulsado de manera sustancial” gracias a las medidas contenidas en dicho acuerdo.
Las medidas las expuso en público el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el mismo día de su publicación, que coincidió con el Día Mundial del Medio Ambiente. “Se trata de medidas que son compromisos firmes, algunas de las cuales ya están en marcha y otras lo estarán por pronto, como la estrategia de economía circular”, resaltó Suárez-Quiñones.
La aprobación de esta estrategia, como el fomento en general de las energías renovables, la puesta en marcha de un plan de acción forestal por el cambio climático o reforzar la política de gestión de residuos, son medidas que en parte afectan también a la biomasa, aunque hay una que la toca de lleno.
1.200 edificios con biomasa
Como tercera medida del decálogo aparece la aprobación de un “programa para mejorar la eficiencia energética y reducir el uso de combustibles fósiles en edificios administrativos titularidad de la Junta de Castilla y León, considerando la biomasa como el combustible de referencia”. Según Suárez-Quiñones, el número de este tipo de edificios ronda los 1.200.
En su nota de prensa, Avebiom recuerda que “según el inventario de bienes de 2019, la Junta es propietaria, u ostenta algún derecho real, de 2.700 inmuebles, que, en su gran mayoría requieren calefacción y agua caliente sanitaria”. “El potencial es, pues, enorme”, apostillan.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente añadió que la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) ha promovido la instalación de sistemas térmicos con biomasa, individuales o como redes de calor, en 122 edificios públicos. “Y predicamos con el ejemplo –aseguró– con varios edificios de la Junta abastecidos con energía térmica con biomasa, como nuestra consejería con la red de calor de Huerta del Rey”.
946.000 hectáreas forestales con instrumentos de gestión
Javier Díaz, presidente de Avebiom, califica el acuerdo como “una excelente noticia para nuestro sector. El compromiso cada vez más definido de la Junta con la biomasa, y el ejemplo que esto supone para el resto de la sociedad, va a generar actividad y nuevos empleos, tanto en la parte de los aprovechamientos forestales como en la fabricación de pellet y astilla y en la instalación de equipos de combustión”.
Tanto Suárez-Quiñones como Avebiom destacan la necesidad de contar con una superficie forestal bien gestionada y certificada para asegurar un abastecimiento de calidad y sostenible. Según el avance del Anuario de Estadística Forestal 2018 que publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Castilla y León se mantiene entre las comunidades autónomas que están por encima de la media nacional con superficie sujeta a instrumentos de ordenación.
En concreto, 945.917 hectáreas, el 19,64 por ciento de su superficie forestal, cuenta con alguno de estos instrumentos, y está ligeramente por encima de la media del 18,48 de España. Navarra, con el 55,70 y Cataluña, con el 33,95, siguen muy encima de la media. Eso sí, los datos de Castilla y León alcanzan ese 19,64 por ciento gracias a la superficie pública ordenada (824.806 hectáreas), que supera con gran diferencia a la privada (121.111 hectáreas).
Un importante sumidero de CO2
Avebiom considera “una mina de biomasa forestal el total de los 4,5 millones de hectáreas de superficie forestal de Castilla y León, de las que tres millones están arboladas y 1,8 millones corresponden a bosque cerrado”. Por su lado, el acuerdo del 5 de junio de la Junta describe este patrimonio forestal como “un importante sumidero de CO2, cuantificado en siete millones de toneladas anuales”.
De ahí que otras de las medidas sea poner en marcha un plan de acción forestal por el cambio climático “en colaboración con propietarios y productores forestales, para adaptar nuestros bosques a los retos planteados y prevenir incendios forestales y otros daños, incrementando, además, el uso de madera y otros recursos forestales, en sustitución de productos más contaminantes, especialmente en la construcción”. El plan prevé la plantación de 15.000 nuevas hectáreas de bosque con 20 millones de árboles.
