“La RSPO (el sistema de certificación más cuestionado en el informe de Changing Markets) debería trabajar en formas de aumentar el uso eficiente de la tierra y mitigar el ILUC (cambio indirecto del uso de la tierra), en línea del trabajo de la RSB”. Con esta frase, el mencionado informe atempera el golpe contra algunos sistemas de certificación destinados al sector del biodiésel, el producto más cuestionado sin embargo en el mismo trabajo.
Tanto en el caso de la RSB como en el del ISCC, se les reconoce “el intento por desarrollar criterios específicos (o módulos) que los operadores pueden elegir adoptar para minimizar la expansión de las plantaciones”. Y añaden: “esto alienta a priorizar tierras con bajas reservas de carbono y biodiversidad para el desarrollo de nuevas plantaciones, aumentar la productividad de sus tierras de diversas maneras y/o aumentar el uso de biomasa a partir de residuos”.
Sin embargo, a pesar de estas exposiciones, en Changing Markets consideran que su puesta en práctica no se desarrolla correctamente y vuelven a sentenciarlos: “la política de biocarburantes es muy cuestionable, ya que el biodiésel de aceite de palma aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero; debería ser abolido, junto con los esquemas que existen para demostrar su cumplimiento”.
“Informe desenfocado”
“El informe está seriamente desenfocado y llega a conclusiones equivocadas”, afirma Manuel Bustos, director de la sección de Biocarburantes de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA). “Los sistemas de certificación de la sostenibilidad son un paso importante en la dirección correcta de conseguir que el cien por cien de la producción de aceite de palma se produzca de manera sostenible”, apunta Bustos.
El representante de APPA Biocarburantes no niega que “como en cualquier otro campo, haya aspectos mejorables, pero concluir que no sirven para nada y que no contribuyen a mejorar las cosas me parece un grave error”. Gernot Klepper, presidente del ISCC, advierte que con la prohibición del biodiésel “perderán precisamente los productores y la producción sostenibles”, y con ello “las condiciones sociales, los bosques, la biodiversidad y el clima, ya que la mayoría de los incentivos para una producción sostenible desaparecerán”.
Extender las exigencias de sostenibilidad a todos los campos
Tanto Klepper como Bustos abogan por extender las mismas exigencias de sostenibilidad que impone la CE a los biocarburantes al resto de materias primas elaboradas con aceite de palma, e incluso con otros aceites de uso masivo. De llevarse a cabo, “aumentarían los incentivos y la dinámica de transformar el sector agrícola hacia la sostenibilidad”, sostiene el presidente del ISCC.
Nuria Blázquez, responsable de transporte en Ecologistas en Acción, niega la mayor, con esta ONG inmersa en la campaña Mejor sin diésel: “ni el biodiésel de aceite de palma ni el de soja con sus certificaciones contribuyen a reducir las emisiones de dióxido de carbono, y además provocan problemas similares de destrucción de la biodiversidad, fijación de carbono y desplazamiento de pequeños productores”.
